SANTIAGO (AFP).- Los jueces de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile preparaban este jueves la redacción del crucial fallo que resolverá el futuro procesal del ex dictador Augusto Pinochet, al anular o ratificar el arresto domiciliario decretado por los crímenes de la «Operación Cóndor».

   Fuentes judiciales señalaron que los magistrados tenían previsto entregar su veredicto el miércoles, después de examinar el recurso de amparo que presentó la defensa del general Pinochet, pero por divergencias entre ellos decidieron retrasar su entrega para el lunes.

   El tribunal escuchó el miércoles por cerca de tres horas los alegatos sobre el recurso de amparo (habeas corpus) presentado el 13 de diciembre, horas después que el juez Juan Guzmán Tapia resolviera abrir un juicio contra Pinochet y ordenara su arresto domiciliario.

   Al término de la jornada, los cinco jueces que integraron la sala resolvieron dejar el fallo «en acuerdo» o pendiente, a la espera de su redacción final para ser comunicado a las partes.

   La redacción del veredicto quedó en manos del juez Milton Juica.

   La resolución, que es inapelable, confirmará o anulará la orden de arresto de Pinochet por su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones forzadas de la «Operación Cóndor», que coordinó a las dictaduras del Cono Sur en la década de los setenta para el exterminio de opositores.

   La eventual confirmación del veredicto del juez Guzmán Tapia, que ya fue ratificado el lunes en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago, abriría el segundo juicio en Chile contra el ex dictador, por violaciones a los derechos humanos durante su régimen (1973-1990).

   La palabra de la Corte Suprema daría lugar al inmediato arresto de Pinochet, que debería decidir cuál de sus residencias será utilizada como prisión.

   En caso que los jueces acojan el recurso de amparo y anulen la resolución de Guzmán Tapia, la orden de arresto quedará paralizada, pero es posible que la Corte Suprema permita que el juicio a Pinochet siga su curso sin privarlo de su libertad.

   Los abogados defensores de Pinochet argumentaron en sus alegatos que su salud le impide enfrentar un «debido proceso», por lo cual sería ininputable ante la justicia.

   Dentro de las argumentaciones, el jefe des su equipo jurídico, Pablo Rodríguez, invocó el «derecho a la vida» del ex dictador, de 89 años, que el miércoles fue dado de alta después de permanecer cinco días en el Hospital Militar de Santiago tras sufrir un accidente cerebro vascular.

   «En relación a su estado de salud, señalé que evidentemente se ha empeorado de manera considerable», indicó Rodríguez, en declaraciones a la prensa después de la sesión de la corte.

   «Por lo tanto es perfectamente lógico que un tribunal, en atención al derecho a la vida, se preocupe de que esto no vaya a tener un desenlace fatal», agregó el abogado.

   No obstante, la parte querellante desestimó un eventual empeoramiento en la salud del anciano militar.

   «Me parece un recurso escénico, efectista, que no va a causar ningún amedrentamiento en la corte», dijo el abogado Héctor Salazar, uno de los representantes de las víctimas de la «Operación Cóndor».

   La misma Corte Suprema sobreseyó a Pinochet hace dos años en el primer juicio abierto en Chile por violaciones a los derechos humanos cometidas durante su régimen, que dejó un saldo de más de 3.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.