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El comisionado de Apoyo a la Modernización de la Justicia, Lino Vásquez, informó que las autoridades del sistema de justicia ministerial preparan la instalación en el país del monitoreo de reclusos violentos con brazaletes electrónicos.
El sistema será implementado como plan piloto en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo y Santiago.
El director de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) en Puerto Rico, Rolando Rivera Gutiérrez, y la jueza asociada al Tribunal Supremo ese país, Mildred Pabón Charneco, hicieron una exposición destacando el éxito del método para el control carcelario en su país.
Ambos vinieron al país invitados por la Fiscalía y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.
Los funcionarios del sistema de justicia puertorriqueña participaron en el conversatorio funcionamiento del brazalete en el monitoreo electrónico, realizado para jueces y fiscales adjuntos. Vásquez indicó que se quieren implementar los brazaletes como un proyecto piloto que incluya distritos judiciales de mayor población. Aclaró que debe ser asumido por la Dirección General de Prisiones y el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
Rivera Gutiérrez dijo que la colocación de los brazaletes, como sistema de monitoreo del recluso, tiene sus resultados en el caso de las personas violentas.
Se recuerda que el Código Procesal Pena Dominicano señala el uso de los grilletes electrónicos para la localización del reo, pero ha faltado recursos para implementarlo.
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Efectivo brazalete
El puertorriqueño Rivera Gutiérrez afirmó que la implementación de los brazaletes ha sido un éxito, debido a que solo el 5% de los reclusos que lo portan incurren en problemas. Señaló que el 95% son colocados por imposición y recomendaciones de la OSAJ, la cual dirige. En la reincidencia tenemos el sistema de monitoreo, las estadísticas dicen que reinciden menos en el sistema de monitoreo. Pabón Charneco aseguró que la utilización de los brazaletes ayudó a reducir la criminalidad en Puerto Rico. La OSAJ fue creada el 12 de agosto de 1995, mediante la Ley 177, para que evalúe a los imputados que conllevan fianzas. Es autónoma, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación.
