El movimiento cívico Participación Ciudadana presentó a la Junta Central Electoral un código de ética para que, de ser aprobado, norme el accionar de los partidos políticos durante la campaña electoral.

El código prevé que los partidos y los candidatos centren la campaña en elementos que propicien el debate y la discusión de sus programas de gobierno y no en los ataques y las diatribas.

El proyecto de código advierte que en la campaña debe predominar el respeto a la dignidad de la persona humana y el respeto a la voluntad popular, traducida en el voto libremente emitido y «honestamente escrutado».

«Es deber de los partidos y las agrupaciones políticas participar en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, como una forma de garantizar la libertad y el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía», expresa el documento sometido a la Junta.

Agrega que se reconoce la necesidad de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad e independencia de la Junta Central Electoral.

«El proceso electoral debe ser transparente desde la convocatoria y organización de la consulta hasta la proclama fidedigna de sus resultados, como condición indispensable para la profundización de la democracia», expresó.

«En tal sentido», dice, «los partidos y sus candidatos, los organismos del Estado, las autoridades electorales, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general».

Agrega que los partidos deben velar por campañas electorales inspiradas en el fortalecimiento de la democracia y valores de paz y educación cívica del pueblo.

«La independencia de la Junta Central Electoral en el orden financiero, jurisdiccional e institucional y que los diversos actores propicien un clima que permita que la JCE cumpla cabalmente con sus funciones de máximo rector y garante de un proceso electoral imparcial, efectivo y transparente», expresa.

El proyecto también establece que las instituciones judiciales, policiales, de investigación y otros organismos del Estado, no sean utilizados como mecanismo de persecución o represión o para coartar de cualquier forma el libre ejercicio del derecho al voto.

«Que los partidos y candidatos se comprometan con la no violencia y a evitar la agresividad en cualquiera de sus manifestaciones, incluso los mecanismos privados intimatorios y represivos y a impulsar entre su militancia acuerdos de no agresión verbal o física, a fin de propiciar un clima de entendimiento», expresó.

Clama contra mensajes violentos, calumniosos, irrespetuosos o discriminatorios por causa de sexo, raza, edad, extracción social, religión o ideología.

Llama velar para que las condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos políticos y las libertades ciudadanas sean respetadas por las autoridades y a exigir de sus miembros estricta responsabilidad ciudadana.

«Que no se utilicen, directa o indirectamente, los recursos del Estado aportados por los contribuyentes a favor de partidos políticos o candidatos, a excepción del financiamiento que les otorga la ley».

También dice pide que no se realice proselitismo o propaganda partidista en las inauguraciones de obras públicas tanto del gobierno central como de los gobiernos municipales, así como en la ejecución de las políticas sociales.

«Que los partidos y sus candidatos garanticen la legítima y lícita procedencia de los fondos o donaciones que reciban y rindan cuenta del uso que dan a estas donaciones», expresa.

Entre otros puntos, el código pide evitar el porte de armas y el consumo de bebidas alcohólicas en toda manifestación de tipo político, respetar el medio ambiente en todas las actividades electorales, protegiendo los árboles y demás recursos naturales contra el uso de la pintura, colocación de afiches o cualquier otro tipo de propaganda.

«No colocar propaganda en los locales gubernamentales, municipales y judiciales, en monumentos, en propiedad privada ni en sitios que impidan la visibilidad de conductores o la circulación de peatones».

[b]LA MORAL[/b]

El proyecto condena la manipulación política indebida o inmoral, como las falsas denuncias, «la divulgación irresponsable de encuestas falsas o amañadas durante la campaña, la oferta de empleos y la compra de votos, respetando la estabilidad del servidor público y sus derechos a la libre militancia política».

También llama a incentivar la participación de la ciudadanía en la discusión de los programas y proyectos y a cooperar en la observación de todo el proceso electoral.

«Propiciar, después de las elecciones, un período de transición normal, armónico, transparente y pacífico, en aras del interés nacional por el fortalecimiento sostenido del sistema democrático», dice.