Presentan expediente contra Eligio Jáquez

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POR MANASES SEPULVEDA Y TANIA HIDALGO
La Procuraduría General formalizó ayer la acusación contra 18 ex funcionarios, entre ellos  el ex secretario de Agricultura Eligio Jáquez, por supuestas irregularidades cometidas en la asignación de invernaderos que fueron comprados por la administración del ex presidente Hipólito Mejía.

El grupo de 18 acusados que encabeza Jáquez fue imputado de prevaricación, desfalco de RD$500 millones, asociación de malhechores, estafa calificada y abuso de confianza.

Esos delitos están previstos en los artículos 166, 167, 170, 171, 172, 174, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal y el artículo 102 de la Constitución.

Ayer el Departamento de Prevención contra la Corrupción (DEPRECO) solicitó ayer el juicio preliminar contra Jáquez y uno de sus hermanos, así como otras 16 personas, entre ellas, ex funcionarios del pasado gobierno en una instancia depositada por ante la jueza interina de la oficina coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Natividad de los Santos.

Se imputado a los ex funcionarios irregularidades en la distribución y asignación de invernaderos relativos al Programa de Mercados Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN), de la secretaría de Agricultura en coordinación con el Banco Agrícola de la República Dominicana y el Deutsche Bank de España.

La instancia incluye además de Jáquez, a su hermano Epifanio, el también ex secretario de Agricultura, José Antonio Fabelo Molina; Ramón Osiris Polanco, ex embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Sergio Uribe Castro, subsecretario de Agricultura, y director del proyecto de Mercados Frigoríficos e Invernaderos (Promefrin) y los hermanos Andrés, Fausto Porfirio y José Rafael Escarramán Hernández.

Además Manuel Augusto Santana, Leovigildo Bello Guerrero, Julián Abreu Peña, Julio Alejandro Trinidad Cruz, José Daniel del Rosario Valdez, José Sánchez Reyna, Francisco Alberto Collado Hernández, Juan Ramón Peguero Franco, Regino Valera de los Santos y Leonardo Francisco Sosa.

La Procuraduría solicitó que se fije una audiencia preliminar y se le impongan medidas de coerción, como impedimento de salida del país, a los imputados.

La instancia fue sustentada por el director y subdirector del DEPRECO, Octavio Líster Henríquez y Hotoniel Bonilla, respectivamente y el procurador adjunto Pedro Félix Monte de Oca.

La acusación afirma que la investigación indica que por lo menos 51 invernaderos de los 191 fueron adjudicados  de manera “viciada y la misma ha sido proporcionada o procurada a través del tráfico de influencias  y su asignación ha sido obtenida aprovechando la condición de funcionario público o en ocasión de una función pública, o por intermedio de un allegado suyo que ocupaba función pública”. La acusación establece que Jaquez, en su condición de secretario de Agricultura, inició y concibió el proyecto de instalación y levantamiento de los invernaderos sin realizar estudios de factibilidad, establecer con anterioridad quiénes serían los beneficiarios, los lugares o territorios donde serían instalados.

Además que supuestamente procuró y concretó la asignación de un invernadero a favor de su hermano Efigenio Jáquez Cruz, asimismo de asociarse en un concierto de voluntades a otros funcionarios durante su gestión en una “asociación ilícita a través del cual procuró, entregó y aprobó” a allegados la asignación de invernaderos.

Entre los allegados beneficiados se señala a Andrés Escarramán Hernández, quien era subsecretario de Medio Ambiente, Fausto  Escarramán Hernández, ayudante civil del Presidente de la República, José Rafael Escarramán Hernández, asistente administrativo de la secretaría de Medio Ambiente y hermano de los anteriores. También a Leovigildo Bello Guerrero, gobernador de San José de Ocoa, Regino Valera de los Santos, empleado de una empresa propiedad del ex presidente Hipólito Mejía y empleado de la secretaría de Agricultura, como instructor de PROMEFRIN.

Agrega que los funcionarios que procuraron y obtuvieron la asignación de los invernaderos recibieron los materiales destinados a la instalación, sino que “procuraron y lograron retirar de los almacenes de la secretaría de Estado de Agricultura, una cantidad adicional de materiales”, con el propósito de tenerlos como piezas de repuesto.

Piden los acusadores que se confirmen las medidas de coerción dictadas el pasado 8 de abril por la jueza de la Quinta de la Instrucción, mediante resolución 260-05.

Según el expediente en la construcción de los invernaderos se estableció que por cada metro cuadrado se haría una inversión de US$37.

Cada invernadero tiene ocho tareas, que son más de cuatro mil metros cuadrados y una empresa muy importante de origen israelí que maneja asuntos de instalación y construcción de invernaderos determinó que la inversión por metro cuadrado es de aproximadamente unos US$10 o US$12, sin embargo en los que preparó, levantó y construyó la secretaría de Agricultura se gastaron US$37, es decir la inversión se duplicó por cada metro cuadrado.