Dos expertos puertorriqueños recomendaron la implementación de los mecanismos no adversariales de resolución de conflictos en materia penal para enfrentar la gran cantidad de casos que satura el sistema de justicia de República Dominicana, y así combatir la mora judicial.

El catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Ernesto Chiesa, y reconocido abogado Henry Padilla, asesor del Tribunal Supremo de Puerto Rico, hicieron la exhortación al presentar los hallazgos de las mesas interinstitucionales de métodos alternos en materia penal que a su entender retrasan los procesos en el país, durante su participación en la sexta edición de la Conferencia del Poder Judicial, realizada en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.

Durante su intervención, Padilla citó entre los hallazgos el que un fiscal por sí solo no puede asumir la responsabilidad de establecer un acuerdo, y que esto debe ir a una junta del Ministerio Público para su determinación. Asimismo, indicó que en el entendimiento entre las partes debe imperar la confianza en lo que se acordará, cosa que señaló es una debilidad en el sistema dominicano.

“Si usted va a dialogar con el Ministerio Público como abogado defensor y está partiendo de la premisa de que él está haciendo trampa o el fiscal está partiendo de la premisa de que usted le está haciendo trampa, no va a ver un dialogo efectivo, tiene que haber un dialogo de confianza, seriedad y respeto entre las partes; por consiguiente, ese es un problema que tiene la República Dominicana”, indicó Padilla.

Dijo que el estudio arrojó que en el país existe la cultura de que todos los casos tienen que ser judicializados, por lo que exhortó a establecer una cultura de negociación, lo que se implementa en Puerto Rico hace 40 años de manera formal y los ciudadanos conocen y entienden que cuentan con esa alternativa para dirimir los conflictos.

“República Dominicana tiene que desarrollar una cultura que reconozca que la alegación pre-acordada es un mecanismo adecuado, correcto, ético y necesario para la administración del derecho penal”, enfatizó.

Subrayó que, siendo el sistema norteamericano más complejo que el dominicano en el sentido de contar con un jurado de 12 integrantes con decisión unánime, en República Dominicana exista esa gran congestión en los tribunales, por lo que recomendó mirar hacia la negociación.

Otro punto se centró en lo que calificó la existencia de gran cantidad de protocolos o reglamentos complejos genéricos que miden cada tipo penal por igual, cuando ya existe una legislación para los mecanismos alternos de resolución de conflictos. En ese sentido recomendó la redacción de protocolos individuales.

“Usted no puede hacer un protocolo para todos los casos de narcotráfico internacional. No puede hacer otro para los casos de asesinato, para los casos de hurto o escalamiento, lo que se ha hecho en esas jurisdicciones es que se permiten los acuerdos individualizados. No es lo mismo manejar un acuerdo de un joven universitario que tuvo un desliz a una persona que ha tenido tres o cuatro convicciones; no es lo mismo un primer ofensor, que un quinto ofensor”, argumentó.

Dijo que en Puerto Rico todos los casos se pueden negociar, excepto el de venta o transporte de sustancias controladas en escuelas, universidades y centros infantiles.

De su lado, Chiesa sostuvo que en Puerto Rico y en los Estados Unidos el 90 por ciento de los casos no llegan a juicio, y que los involucrados en un determinado caso encuentran solución en base a la negociación.

Explicó que en ese proceso no interviene un juez y que la negociación se realiza entre la defesa del acusado y el Ministerio Público, lo cual subrayó debe hacerse de buena fe entre las partes.

El Poder Judicial dominicano mediante su eje de Justicia Oportuna promueve los mecanismos no adversariales de resolución conflictos para reducir la mora judicial en el país. La reciente realización de la Conferencia del Poder Judicial 2024 se enfocó en reunir a decenas de expertos nacionales y extranjeros en un dialogo de análisis y propuesta, cuyas conclusiones permitan la elaboración de las iniciativas para la construcción de la justicia del futuro.

Durante ese encuentro, que sirvió como ejercicio de derecho comparado entre República Dominicana y Puerto Rico, los jueces, fiscales y defensores destacaron la importancia de que en el país, específicamente en Barahona, se haya iniciado el plan piloto del Programa de Optimización del Proceso Penal, que en colaboración con el proyecto de Hermanamiento (Twinning) de la Unión Europea, tiene por finalidad implementar los mecanismos de aceleración del proceso penal.

La propuesta de aceleración de los procesos en la República Dominicana gira en torno a cuatro tipos de casos elementales, que son: robo simple, tenencia de arma; Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y trabajo realizado y no pagado.