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POR UBALDO GUZMAN M.
El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) y la Procuraduría General de la República presentaron ayer el plan piloto para el uso de brazalete o localizador electrónico a imputados como medida de coerción.
El plan piloto se desarrollará en la provincia de Santo Domingo, por un período de tres meses a partir del 5 de enero. De los diez brazaletes, siete serán colocados a imputados de delitos menores y tres para casos de violencia intrafamiliar.
Los detalles fueron ofrecidos por el comisionado de justicia, Alejandro Moscoso Segarra; el fiscal de la provincia de Santo Domingo, Perfecto Acosta, y el presidente de la empresa Domicorp Group, Simón Santana, facilitadora del servicio.
Según Moscoco, la implementación de la medida busca desarrollar experiencias que permitan medir los niveles de factibilidad del brazalete, que consiste en localizar por monitoreo a los imputados recluidos en su domicilio y centro de salud, así como personas con orden de protección.
Señaló que los brazaletes contribuirán con la implementación del artículo 224 del Código Procesal Penal.
En tanto, el magistrado Perfecto Acosta dijo que se trata de una medida complementaria del arresto domiciliario.
Indicó que el brazalete se usará en los acusados de golpes y heridas, robo sin violencia, trabajo realizado y no pagado, de abuso de confianza y de estafa.
El plan piloto será sustentado por el CARMJ y la Comisión Nacional de Ejecución de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. El costo de cada localizador es de cuatro dólares por día, es decir, RD$136.
A la rueda de prensa asistieron las magistradas Olga Herrera Calbucia y Joane Taveras, así como Simón Santana y Juan Ramón Pol, representantes de Domicorp Group.
El brazalete se utiliza en Estados Unidos, Chile, Argentina y Panamá, así como en Europa.
