El Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Coniaf) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) pusieron a disposición del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura una propuesta de reglamento para la evaluación, registro y control post registro de los bioinsumos comerciales de uso agrícola en el país, y su manual técnico de procedimientos.
La elaboración de la propuesta de ambos instrumentos se enmarca dentro del eje estratégico del Coniaf, de definición de políticas públicas para el sector agropecuario, y busca favorecer una agricultura más sostenible y menos contaminante.
Juan Chávez, director del CONIAF, recordó que por sugerencia de esa institución, República Dominicana fue incluida en el proyecto “Desarrollo de la Institucionalidad del subsector de los Bioinsumos Comerciales de uso Agrícola (inoculantes y plaguicidas biológicos) para favorecer una Agricultura menos Contaminante”, financiado con Fondos de Cooperación Técnica del IICA (FonCT)
Manifestó que para la estructuración, revisión y validación de los documentos, fueron realizados varios encuentros y talleres a nivel nacional, y que los mismos servirán como base para la capacitación de todos los involucrados en la evaluación, registro y control post registro de los bioinsumos comerciales de uso agrícola.
Chávez explicó que el Reglamento establece los requisitos y procedimientos para la evaluación, registro y control post-registro de los bioinsumos comerciales de uso agrícola, incluyendo todos los procedimientos y actividades que sea necesario desarrollar para regularlos adecuadamente, mientras que el Manual técnico busca facilitar la aplicación del reglamento.
“La regulación adecuada del uso, manejo y comercio de los bioinsumos agrícolas busca reducir sus posibles riesgos para la salud humana y animal, así como para el ambiente, los recursos naturales y los agroecosistemas, contribuyendo con el desarrollo de una agricultura más sostenible”, dijo. Por tratarse de políticas públicas, y para su entrada en vigencia, ambos instrumentos deberán ser presentados como propuestas de anteproyectos ante la autoridad nacional competente, en este caso el Ministerio de Agricultura y el Congreso Nacional.