El Poder Judicial y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) presentaron ayer el Reglamento General sobre Mecanismos no Adversariales de Resolución de Conflictos, que establece normas para la mediación, conciliación y otras formas de resolución de conflictos por jueces y otros actores judiciales en el país.

Durante la presentación del instrumento, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry Molina, dijo que fomentar la resolución alterna de conflictos sin llegar al litigio constituye un paso decisivo en la búsqueda de una justicia eficiente, inclusiva y confiable.

El presidente del Poder Judicial manifestó que esa iniciativa hará que la República Dominicana avance hacia un modelo de 0 % en mora judicial y 100 % en acceso a la justicia.

“Este instrumento forma parte de la transformación de la justicia, que ahora contará con una herramienta que facilite los acuerdos e impulse el cambio de modelo que necesita la nación, ya que el sistema actual consume demasiado tiempo, que en algunos casos se convierte en una auténtica barrera para el acceso a los derechos”, expresó Molina.

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Satura sistema judicial

Pero, además, el magistrado Molina dijo que en República Dominicana de cada 100 casos, 87 llegan a juicio, lo que satura de forma drástica el sistema de justicia penal y limita la capacidad de los actores y el acceso universal a la justicia al que aspira el país.

Agregó que el reglamento será aplicado en  materia civil, comercial y administrativa, contencioso tributario y contencioso administrativo, laboral, penal e inmobiliaria, lo que facilitará que los casos que no están en tribunales puedan resolverse en los centros de mediación, de forma sencilla y expedita, cuando ambas partes así lo decidan.

De su lado, Rebeca Latorraca, directora de la Usaid, resaltó que Estados Unidos, a través de esa y otras agencias, ha colaborado con el gobierno dominicano y con la sociedad civil durante casi tres décadas para fortalecer el estado de derecho.

Manifestó que el propósito es asegurar que instituciones claves del sector justicia como la Suprema Corte, el Ministerio Público y la Defensa Pública, sean independientes, efectivas y transparentes.