POR MANUEL JIMENEZ
El presidente Leonel Fernández tratará este martes de aplacar una creciente oposición del empresariado, sindicatos de trabajadores y partidos políticos a un proyecto de reforma fiscal exigido por el Fondo Monetario internacional (FMI).

Fernández hablará al país desde el palacio de gobierno en horas de la noche, para explicar en qué consiste la reforma, la tercera que auspicia desde que llegó al gobierno en agosto del 2004 en medio de una severa crisis económica determinada por el colapso bancario ocurrido en el 2003 durante la administración del ex presidente Hipólito Mejía.

El FMI, que mantiene vigente un acuerdo de estabilización económica con la República Dominicana desde enero del 2005, aspira a que el gobierno tenga un superávit fiscal de alrededor del 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2007 para que pueda hacer frente a sus compromisos en el saldo de la deuda externa y capitalizar el Banco Central.

Temístocles Montás, Secretario Técnico de la Presidencia y jefe del equipo económico del gobierno, explicó que ese superávit tiene que buscarse a través de la reforma fiscal y del ahorro interno, según lo convenido con el FMI.

Con la reforma fiscal, ha dicho Montás, el gobierno aspira a captar una suma equivalente al 1.5% del PIB y el otro 1.5% a través del ahorro, por lo que serán reducidas las partidas presupuestarias de secretarias de Estado, el Congreso, la justicia la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas en el 2007.

Ayer, funcionarios del equipo económico se reunieron en el despacho del secretario técnico, Temistocles Montás, en la segunda planta del Palacio Nacional, para la última revision al proyecto de reforma fiscal y salvar algunas diferencias internas.

Trascendió que el director de Impuestos Internos, Juan Hernández y el director de Aduanas, Miguel Cocco, entienden que el proyecto de reforma fiscal entregado a Fernandez no recaudaría los RD$18,000 millones que se necesitan.

«Están ajustando algunos números y estudiando la manera de que la reforma produzca, esencialmente, la cantidad de recursos que se necesitan», dijo una fuente.

Pero el sector empresarial ha mostrado una resuelta oposición a la iniciativa del gobierno y advirtió en un comunicado público que la creación de nuevos impuestos sacaría de competencia al país en el marco del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA), a punto de entrar en vigencia.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) sugieren, en contraposición a la reforma fiscal, que el gobierno tome medidas que reduzcan el gasto, que consideran excesivo, sobre todo por altos salarios, viáticos, viajes al interior y al exterior, transparentar las compras, eliminar los subsidios al gas licuado de petróleo y a la energía eléctrica, entre otras.

La semana pasado fracasó una protesta auspiciada por gremios de transportistas que se oponen también a la reforma fiscal y a la posible eliminación del subsidio al gas licuado de petróleo, un combustible que ha comenzado a ser ampliamente demandado por miles de vehículos que intervienen en el transporte público de pasajeros.

Pero los mismos gremios están llamando a una huelga general contra la reforma y la política económica del gobierno para el jueves y viernes próximos.

Aunque el gobierno de Fernández no ha adelantado detalles de la reforma, fuentes gubernamentales hablan de extender la aplicación del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), de un 16 %, a productos y servicios que no son gravados actualmente.

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), principal de oposición, anunció también su oposición a la reforma fiscal y propuso al gobierno reducir sus gastos, asi como medidas adicionales que eventualmente aumentarían las recaudaciones públicas.

El presidente Fernández ha dicho que esta reforma fiscal ha sido determinada, realmente, por la caída de las recaudaciones este año en mas de RD$7,000 millones, situación que había sido advertida por el gobierno cuando el anterior Congreso controlado por el PRD mutiló la última reforma tributaria.