Un peso dominicano depreciado, y por tanto un dólar apabullando al resto de la economía, no es imprescindible para que el sector de Zonas Francas sobreviva y compita con otros países de bajos costos de producción.
El país está inevitablemente sensibilizado contra cualquier intento de devaluar su moneda, lo que aumentaría las posibilidades de inflación; mientras es evidente que la rentabilidad de los parques industriales puede descansar en otros tres factores que actualmente no son satisfactorios.
(1) La producción textil necesita de eficiencia en las operaciones portuarias del litoral Norte. La situación llega al punto de que muchas exportaciones del Cibao están siendo desviadas a Haina. Si el muelle de Puerto Plata funcionara como debe ser, habría menores costos.
(2) El retraso en la entrada en vigencia del DR-CAFTA priva al país de unas ventajas relativas imprescindibles para el comercio textil y de otros géneros. Con frecuencia se predice la apertura comercial y luego surge algún nuevo tranque.
(3) Los empleadores de zonas francas necesitan estabilidad jurídica y reglas claras para que las relaciones obrero-patronales no sean continuamente distorsionadas por la avidez y astucia de abogados que pescan en mar revuelto.
El gobierno tiene que emplearse a fondo, desde ya, para mantener condiciones favorables a las zonas francas. Solo así podrían detenerse los despidos masivos.
¿Deuda incobrable?
El obispo emérito Fabio Mamerto Rivas dijo con acierto que este país debe combatir la delincuencia con prontitud y en sus orígenes, entre los que están la falta de educación, la miseria y la descomposición familiar, aspectos en los que a su juicio existe una “deuda social acumulada”.
Hace ya varios años que la criminalidad alcanza niveles alarmantes. Se acabó el tiempo en que el dominicano decía con satisfacción: “En Estados Unidos se gana más dinero, pero aquí se vive con más tranquilidad”. Se ha vuelto prioritario poner rejas por todas partes, salir lo menos posible a la calle y eximirse de llevar objetos de valor. Un simple celular puede convertir al ciudadano en blanco de gente desalmada que ya han segado varias vidas.
Sin embargo ni el Estado, ni otros sectores de poder económico han mostrado la aspiración profunda de saldar la deuda social que acrecentó los delitos.
Tímidos y modestos son los esfuerzos por reducir la pobreza, lo que tendría que comenzar por educar más y mejor a los ciudadanos y por dar mayor atención a otras necesidades básicas como la salud y el empleo.
Un sistema de Seguridad Social sin funcionar y unos índices de inversión en la enseñanza situados entre los más bajos del mundo mantienen al país alejado del pago de su alta deuda social, entre otras causas.