Presidencialismo asfixia gobiernos municipales

Presidencialismo asfixia gobiernos municipales

Los hilos del poder llevan y traen la castrada municipalidad dominicana, maniatada por la centralización política, administrativa y financiera del Estado que robustece el presidencialismo, amplía su espectro de dominación, el radio de acción del Gobierno central que, fortalecido con recursos y atribuciones arrebatados a los gobiernos locales, decide y ejecuta cuanto se hace o deshace en el territorio nacional.

Subordinados a la Presidencia, los cabildos intervienen muy poco en las políticas públicas municipales, con tan baja incidencia que han sido considerados “meros espectadores de lo que acontece en sus territorios”.

En gran mayoría, subsisten como estructuras políticas clientelares, a lo sumo prestadores de unos cuantos servicios de pésima calidad.

Ilegalidad. Quiéranlo o no, los gobiernos locales se someten a la hegemonía del poder central, consienten la violación constitucional, de la Estrategia Nacional de Desarrollo y leyes municipales que les confieren autonomía y recursos para cumplir sus atribuciones.

Alcaldes, alcaldesas y regidores, salvo algunas excepciones, se rinden a esta condición de ilegalidad de largos años, resultante de la cultura política que establece las reglas de juego.

Plegados a los que nutren sus arcas, temerosos de perder “favores” de la Presidencia, adonde acuden en busca de fondos o financiamiento de una obra, las autoridades edilicias permiten complacidos, resignados o impotentes, que se apague el fuego del reclamo del 10% de los recursos ordinarios estatales, la devolución de decenas de millones dejados de pagar durante la vigencia de la ley 166, promulgada en 2003, impunemente violada.

En vez del 10% dispuesto por esa legislación, la asignación actual es apenas de 3.67%, porcentualmente inferior a la de 1998 cuando fue de 3.98%.

En constante expresión de un Estado extremadamente centralista, presidencialista y territorialmente inequitativo, del Presupuesto Nacional de 2016 ascendente a RD$663,558 millones, el monto global para los 155 municipios y 232 juntas de distritos es de RD$16,994 frente a RD$566,191 millones del Gobierno central.

Una asignación similar a 2014 y 2015, con el agravante de que su distribución se concentra en las grandes urbes, acarreando una cadena de males, iniciados con el abandono de las zonas rurales y la sobrepoblación urbana.

Solo el Distrito Nacional (DN), la Provincia Santo Domingo y Santiago recibieron RD$4,668 millones, el 27.5% del total. El resto, RD$12,327 millones van a las otras 382 administraciones.

Los mismos vicios. Al pretender justificar la infracción legal, uno de los argumentos esgrimidos es la incompetencia y corrupción. Razones sobran. Lejos están las alcaldías de ser un dechado de virtudes.

La municipalidad se empantana en el descrédito por una desvalorización ética que quita legitimidad a la demanda de ingresos.

Sin embargo, reproducen los mismos vicios del Gobierno central: paternalismo y autoritarismo, patrimonialismo y clientelismo, el manejo turbio e improductivo de los fondos estatales, que unos y otros administran con alta discrecionalidad.

Competencias. Con el déficit financiero que los cabildos acusan, no pueden prestar los servicios estipulados por la ley municipal 176-07, menos aún ser gestores de desarrollo como dispone esa legislación, violada desde su nacimiento.

No obstante, el problema municipal no es solo de dinero. Desde el Gobierno central no les han transferido competencias para que la gestión local logre un mínimo de cualificación técnica, calidad y continuidad administrativa, interrumpida con la llegada de nuevas autoridades, sobre todo si son de otro partido político.

Sin autonomía y muy débil institucionalidad, operan como una extensión del Ejecutivo o del partido al que representan, con predominio peledeísta desde hace diez años .

El Partido de la Liberación Dominicana mantiene un control hegemónico municipal y congresual que también concurrió en 1994-1998, 1998-2002 y 2002-2006 bajo dominio perredeísta. En 2006-2010 y 2010-2016 el PLD conquistó la mayoría.

Utopía. Un poder municipal independiente, como uno de los poderes del Estado propuesto por mentes lúcidas como Juan Pablo Duarte y Pedro Francisco Bonó, sigue siendo una utopía, la que hoy enarbolan municipalistas dominicanos, a tono con la tendencia mundial de la descentralización estatal.

Rotundo fracaso. El centralismo estatal despojó a los cabildos de arbitrios y servicios, en un debilitante chapeo iniciado en los años 60 del pasado siglo, que casi los dejó como recolectores de basura.

Hoy, cuatro decenios después, a pesar de la inversión millonaria en fallidas soluciones, en una costosa infraestructura, el manejo del tránsito, suministro de agua potable y energía por instituciones descentralizadas, sigue siendo un soberano fracaso.

Esas y otras cruciales tareas ameritan atención urgente: delincuencia e inseguridad, pobreza e insalubridad, deterioro medioambiental, desempleo, que han devenido en graves problemas estructurales, de magnitud tal que escapan de las manos estatales y en conjunto lucen insalvables, inasequibles.

La solución se vería con más claridad enfocada a menor distancia, no desde el telescopio del mando central. Sería viable si los problemas se diagnostican y se enfrentan en su propio territorio. Repartida entre los municipios, la carga se aligera, a cada quien su parcela embistiendo lo que le corresponde.

Emprender esa tarea con acierto sería posible si en coordinación con el poder central, la asumieran gobiernos locales fortalecidos, capacitados, comprometidos con el desarrollo en sus demarcaciones, aprovechando sus recursos naturales, sus potencialidades. En fin, si fueran gestores del desarrollo local, como los define la ley 176, que solo en el papel los rige.

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