Quienes no somos abogados apreciaríamos una gran discusión pública entre juristas, sobre todo entre constitucionalistas, acerca de si la reforma constitucional propuesta por el ciudadano Presidente de la República aumenta o no el presidencialismo. Porque creo que pocos en este país tienen interés en que la Carta Magna que se propone haga más intenso, más determinante y más  absorbente el rol del Presidente de la República.

Hay juristas que han sostenido que la reforma enviada al Congreso Nacional refuerza el papel del Presidente. Otros han dicho que no, sobre todo abogados vinculados o cercanos al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana.  Pero el tema no ha ocupado mucho espacio en la opinión pública.

El doctor José Francisco Peña Gómez solía afirmar que en nuestro país el Presidente de la República es una especie de rey sin corona. Con esta expresión, el líder político y abogado especializado en Derecho Constitucional expresaba la sobredimensión del titular del Poder Ejecutivo, la largueza de su brazo de mando y la concentración que tenía y tiene del poder político, del poder económico y, por vía de consecuencia, del poder social. Aquí el Presidente es una figura tan sobresaliente que es cuasi omnipotente y omnipresente.

Si los mecanismos de elección de los miembros de la Cámara de Cuentas y del Ministerio Público siguen iguales a los vigentes, el poder presidencial seguirá intacto en dos áreas claves y determinantes para fiscalizar el uso de los recursos públicos y para poner en marcha la acción de la Justicia. Ya sabemos cómo han funcionado ambas instancias, su inoperancia dirigida, su inacción intencionada y su incuria por razones políticas.

Pero quizás el aspecto que más llama la atención tiene que ver con la reforma propuesta a la Judicatura. Los políticos dominicanos creen, casi a unanimidad, que la SCJ detenta mucho poder. Incluso, en algunas ocasiones han dicho públicamente que la SCJ ha pretendido instaurar, como en Estados Unidos, un gobierno de los jueces. Es obvio que se trata de otra exageración de nuestros políticos.

Si la creación de una Sala Constitucional independiente de la SCJ debilita la Judicatura, entonces no hay dudas de que estaríamos disminuyendo la fuerza del único poder que ha sido capaz de hacerle un poquito de resistencia a las pretensiones del Poder Ejecutivo. Y decimos un poquito porque en ocasiones la opinión pública ha tenido la impresión de que la SCJ se ha puesto a jugar a la política a favor del Presidente de la República y su grupo político.

Una reforma a la Constitución de la República que haga más intenso el presidencialismo y que al mismo tiempo debilite el poder de contención de la SCJ, sería una calamidad política.