Río de Janeiro
EFE
El Senado brasileño decidirá la próxima semana el futuro de la presidenta, Dilma Rousseff, en una votación que, según todos los pronósticos, apoyará el inicio de un juicio político con fines destituyentes contra la mandataria. Rousseff, que da ya por descontada la derrota, se prepara para ser separada del cargo durante 180 días, el plazo que tendrá el Senado para debatir si finalmente es destituida.
En este periodo será sustituida por su todavía vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lleva semanas negociando para formar su propio Gobierno y asumir la Presidencia de forma interina. De confirmarse la destitución definitiva de Rousseff, Temer aspira a completar su mandato, que vence el 1 de enero de 2019, con el respaldo del PMDB, el partido más importante del país, y con las alianzas tejidas con sus nuevos socios, algunos también antiguos compañeros de viaje de la presidenta.
El calvario político de Rousseff comenzó a principios del pasado diciembre de la mano del entonces titular de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, a quien el Tribunal Supremo, en una decisión inédita adoptada por unanimidad el viernes, ordenó separar del cargo por las múltiples acusaciones de corrupción que hay en su contra. Cunha, antiguo aliado del Gobierno devenido en enemigo de Rousseff y convertido ahora en el político brasileño más denostado por sus problemas con la Justicia, fue la pieza fundamental para abrir el proceso de “impeachment” contra la presidenta. En su condición de presidente de la Cámara Baja, admitió a trámite la solicitud de un grupo de juristas, entre los que figuraba Helio Bicudo, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Rousseff y su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva. La petición se basó en unas maniobras contables irregulares del Gobierno para maquillar sus resultados en 2014 y que, según fiscales de organismos de contraloría del Estado, continuaron en 2015. Para la oposición, este maquillaje fiscal supone un “crimen de responsabilidad”, uno de los motivos previstos en la Constitución para justificar el proceso. El Ejecutivo sostiene que es una vieja práctica utilizada por todos los gobiernos, por lo que considera que el “impeachment» contra Rousseff es un “golpe de Estado».