El presidente Luis Abinader introdujo ayer al Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que dispone los mecanismos y organismos para la persecución y enjuiciamiento de esos delitos.

El proyecto, enviado mediante el mensaje número 13818, tipifica los ciberdelitos y los clasifica en ciberdelitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos y sistemas de información.

También, en ciberdelitos contra las personas, ciberdelitos financieros y de sustracción, contra la propiedad intelectual, las telecomunicaciones y contra la nación y el ciberterrorismo.

La pieza, dispone, además, los organismos para la persecución y enjuiciamiento de esos delitos, en los que incluye el Ministerio Público, la Comisión Interinstitucional contra el Ciberdelito, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la División de Investigación de Delitos Informáticos.

Indica que el objeto de esa iniciativa legislativa es lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación y la prevención, persecución y sanción. Los clasifica en los cometidos en detrimento de esos sistemas, sus componentes o contenidos y los cometidos con el uso de tecnologías contra personas físicas o jurídicas.

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Establece el ámbito de aplicación, principios rectores y las definiciones para la aplicación.

Define las reglas de derecho procesal que regulan las medidas de investigación, recopilación y control de evidencias, el decomiso de bienes, competencia jurisdiccional, acción pública, entre otros.

El proyecto de ley también dispone los organismos competentes para la persecución y enjuiciamiento de tales delitos, dentro de los cuales se incluyen el Ministerio Público, la Comisión Interinstitucional contra el Ciberdelito, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) y la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI).

Por otro lado, el proyecto define las reglas de derecho procesal, las cuales regulan aspectos diversos, tales como las medidas de investigación, la recopilación y control de evidencias, el decomiso de bienes, la competencia jurisdiccional y la acción pública.

También son contempladas de manera particular la sostenibilidad del sistema y la cooperación internacional.