El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha expresado su intención de modificar el acceso gratuito a los servicios públicos para extranjeros en tránsito dentro del país. Durante su intervención en el encuentro «LA Semanal con la Prensa», el mandatario enfatizó la necesidad de establecer mayores restricciones en el acceso a estos servicios, ya sea mediante el cobro, la limitación del acceso o una combinación de ambos.

La iniciativa surge en medio de críticas hacia el Gobierno, derivadas del uso de los servicios de salud pública por parte de inmigrantes de diversas nacionalidades, principalmente haitianos. La situación ha generado un debate sobre la sostenibilidad de la cobertura gratuita y el impacto en el sistema de salud dominicano.

Según cifras oficiales, entre enero y noviembre de 2024, se registraron 29,710 partos de madres haitianas en hospitales de la red pública, lo que representó el 35.7% del total de 83,186 partos en ese período.

Abinader destacó que el creciente número de personas que cruzan la frontera en busca de atención médica gratuita, sumado a la crisis socioeconómica persistente en Haití y la falta de acción efectiva por parte de la comunidad internacional, ha llevado a su gobierno a reconsiderar la política de asistencia gratuita a extranjeros en tránsito.

“Eso está en proceso de evaluación y de establecer metodologías”, señaló el mandatario, subrayando la importancia de tomar medidas para evitar que la situación se prolongue en detrimento de los recursos nacionales.

El debate sobre la gratuidad de los servicios públicos para extranjeros ha sido un tema recurrente en la agenda política y social del país. Mientras algunos sectores defienden el derecho humanitario a la atención médica y otros servicios esenciales, otros argumentan que el Estado dominicano no puede seguir asumiendo los costos de una crisis migratoria sin una mayor cooperación internacional.

Aún no se han definido los mecanismos específicos que se implementarían para regular el acceso a los servicios públicos, pero el Gobierno ha dejado claro que la situación actual es insostenible y que en los próximos meses podrían adoptarse medidas concretas para modificar el sistema.

El anuncio de Abinader marca un punto clave en la política migratoria y social de su administración, lo que augura un intenso debate sobre la viabilidad y las implicaciones de esta posible restricción en los servicios públicos para extranjeros.