Hoy 
POR PEDRO GERMOSEN
En su primera comunicación al Congreso desde que asumió el poder, el presidente Leonel Fernández advierte a las cámaras legislativas que se abstengan de ratificar a los cinco miembros de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia, ya que esta administración derogó los decretos mediante los cuales el gobierno pasado los designó.
A través de los decretos 510-04 y 719-04, de fecha siete de junio y dos de agosto de este año, respectivamente, el entonces presidente Hipólito Mejía designó en la citada comisión a los señores Hugo Rivera Fernández, presidente, y a Manuel Díaz Franjul, Marcelino Vargas, Margarita Gil y Jesús de los Santos, miembros.
Los miembros de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia son nombrados por el Poder Ejecutivo mediante decreto, pero antes de juramentarse deben ser ratificados por el Congreso Nacional.
Para evitar su ratificación y juramentación, el nuevo gobierno, mediante el decreto 874-04, del día 17 de este mes, derogó los dos decretos mediante los cuales Mejía había integrado la citada comisión.
Este decreto fue remitido por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, al Senado, mediante la comunicación número 001154, del 18 de agosto en curso.
Los miembros de la referida comisión deberán ser designados ahora por este gobierno.
El acuerdo mediante el cual se estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC), ratificado por el Congreso el 12 de enero del 1995, incorpora normas y disciplinas relativas a la aplicación de derechos «antidumping», que incluye el Acuerdo sobre Salvaguardias.
Asimismo, la ley número 1-02, de fecha 18 de enero del 2002, creó en su artículo 82 la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia, con carácter de entidad estatal descentralizada, con autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica.
Los compromisos establecidos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, requieren mecanismos para la adopción de medidas de defensa comercial, que son de vital importancia durante el proceso de transición en la implementación de dicho instrumento.
Según el decreto 510-04, la creación de la referida comisión constituye uno de los mecanismos para defender al sector productivo nacional.
