Dispone múltiples prohibiciones y la reducción de los policías y los militares en las instituciones

El presidente Luis Abinader amplió ayer las restricciones para racionalizar componentes del gasto público y mejorar los servicios de seguridad ciudadana, tras prohibir la compra de vehículos, la compra de efectos promocionales, de boletos de viajes oficiales al exterior que no cuenten con autorización, las celebraciones, donaciones, obsequios y arrendamiento de instalaciones privadas, entre otras.

El Mandatario prohibió, además, las remodelaciones de espacios físicos que excedan los RD$985,748.99, el uso de vehículos oficiales durante los fines de semanas y días feriados, salvo autorización expresa del titular de la institución correspondiente y las salidas al exterior de servidores públicos en asuntos oficiales que no cuenten con el permiso correspondiente.

Las disposiciones están contenidas en el decreto 396-21, el cual precisa que se procura la racionalización de componentes del gasto público por medio de la aplicación y cumplimiento de medidas administrativas. La medida fue adoptada para seguir enfrentando el severo impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la economía nacional e internacional.

Las medidas del decreto aplican a los entes y órganos que conforman el Poder Ejecutivo y a los organismos autónomos y descentralizados del Gobierno Central, creados mediante ley.

El referido decreto precisa, además, que el Ministerio Administrativo de la Presidencia queda a cargo y articulará con todas las dependencias gubernamentales vinculadas la aplicación de las presentes disposiciones.

Recuperar policías y militares. El Mandatario, a través del citado decreto, dispuso revisar los casos de los policías y militares al servicio de instituciones estatales, funcionarios, servidores públicos y otros signatarios, para recuperarlos y destinarlos a las áreas que sean más necesarias, para proteger la población.

Reducción de 50%. En cuanto a los policías, el presidente Abinader ordenó la reducción del personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos 50% y que sean integrados a la implementación de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.

Prohibiciones. Entre las medidas que destacan está la prohibición de las compras de vehículos de motor, excepto aquellos utilitarios que sean imprescindibles para la adecuada ejecución de las funciones a las que sean asignados y debidamente autorizadas.

Exoneraciones y exenciones. Igualmente solo se autorizarán exoneraciones y exenciones de vehículos según lo establecen las correspondientes leyes aplicables y se denegará cualquier solicitud relacionada, que no tenga su base en alguna ley.

Sólo 8 utilizaran flanqueadores. Entre las medidas destaca, además, que queda prohibido el uso de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los servidores públicos, con claras excepciones como la del Presidente y Vicepresidenta de la República, Ministros de Defensa e Interior y Policía, Director General de la Policía Nacional, Procuradora General de la República, Comandantes generales de los cuerpos castrenses, Presidente de la DNCD y el Director del DNI.

La responsabilidad del seguimiento y de velar por el cumplimiento de este decreto presidencial queda a cargo del Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Administración Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República.

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La medida

La medida abraca, además, a los militares y policías, ya que ordena a los ministerios de Defensa y de Interior y Policía la revisión de todo el personal policial y militar a disposición de instituciones públicas, servidores públicos, funcionarios y otros dignatarios, a los fines de reducir a la cantidad estrictamente necesaria dichas asignaciones y eficientizar la distribución de los mismos.