LA PAZ (AFP).- El presidente provisional de Bolivia, Eduardo Rodríguez, intimó al Congreso la ratificación de las elecciones generales para el 4 de diciembre próximo y amenazó con renunciar en caso contrario.

   El mandatario rechazó extender su mandato más allá del 22 de enero de 2006, cuando se ha propuesto transmitir el mando de la nación al ganador de los comicios.

   La elección de presidente, vicepresidente, legisladores y prefectos (gobernadores) está en suspenso por un debate en el Congreso de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó reasignar la representación departamental según la densidad demográfica en las nueve regiones del país con base en el censo de 2001.

   En la eventualidad de «una postergación de las elecciones convocadas para diciembre próximo, y de la consiguiente transmisión de mando, se estaría incumpliendo el precepto constitucional, la voluntad popular y el mandato para el que fui convocado», advirtió en un mensaje televisado a la nación.

   «De sufrirse esta emergencia, mi obligación es regresar a la Corte Suprema. Esa es mi obligación y sabré honrarla», anticipó a su regreso de Brasilia, donde asistió a un cónclave de líderes sudamericanos.

   El ultimátum del gobernante, cuyo mandato se abrió el 9 de junio último y debe expirar el 22 de enero próximo, aludió a los propósitos de una comisión del Congreso que estudia la ampliación de la gestión transitoria.

   «Mi vocación como juez y hombre de derecho me exige asumir esta posición (de respetar la convocatoria elecciones), que no es negociable», remarcó.

    Rodríguez sucedió al renunciante Carlos Mesa que ocupó el cargo dejado por Gonzalo Sánchez de Lozada, electo para el período 2002-2007, pero derrocado en octubre de 2003.

   La advertencia presidencial apuntó esencialmente al Legislativo que debe resolver el entuerto de la redistribución de poderes regionales.

   «El Congreso de la República, en el marco de sus atribuciones legislativas y constitucionales, debe y puede decidir sobre esta grave situación, para no mantener por más tiempo en vilo al país y en el limbo al sistema democrático», enfatizó.

   La posición asumida por el presidente transitorio fue respaldada por los tres principales candidatos, el cocalero Evo Morales, el ex mandatario Jorge Quiroga y el empresario Samuel Doria Medina.

   «Proponemos un gran acuerdo político nacional entre todos los sectores para poder viabilizar las elecciones», urgió Morales, primero en la intención de voto según todos los sondeos privados.

   «Quiero convocar a la flexibilidad de todos los departamentos metidos en el lío de los escaños a una reunión entre bancadas (bloques), cívicos y fuerzas sociales para buscar salidas jurídicas y políticas», instó.

   Segundo en la preferencia electoral, Quiroga, celebró que el jefe de Estado «tenía una misión muy clara y está cumpliendo la ley».

   «Ahora le toca al Congreso», desafió, mientras que el empresario Doria Medina exhortaba a los congresistas «que dejen al lado sus intereses personales y partidarios para no sumir al país en esta incertidumbre».

   Morales y hasta el propio Quiroga acusan a Sánchez de Lozada, autoexiliado en Estados Unidos, de digitar las decisiones del Tribunal, en un intento por sortear un juicio por genocidio en marcha y recuperar para su partido credibilidad.

   El TC tachó de inconstitucional un artículo de la Ley Electoral que sirvió de base para la convocatoria a comicios generales de diciembre.

   El mandato actual del parlamento fue recortado en más de un año hasta diciembre próximo en base de un acuerdo político que, a contramano de la Constitución, sirvió asimismo para que Rodríguez llamara a elecciones en julio pasado.

   La resolución del TC beneficia a la rica provincia de Santa Cruz, la más poblada del país, y perjudica a las de La Paz, Oruro y Potosí de población mayoritariamente indígena y pobre, lo que ha potenciado un nuevo conflicto regional.