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El presidente de la Cámara de Cuentas dijo hoy que las denuncias contra ese organísmo constituyen un plan que tiene componentes económicos con ribetes políticos, en el que están involucrados legisladores y comunicadores sociales que buscan impedir que se aplique a plena capacidad su nueva ley orgánica, que se constituiría en un arma eficaz contra la corrupción administrativa.
El doctor Máximo Ramón Castillo Salas dijo que el licenciado Tonty Rutinel Domínguez, quien ayer solicitó la renuncia de todos los integrantes del tribunal, es parte del supuesto plan.
Indicó que esa solicitud de renuncia se debe a que sus integrantes fueron ratificados por cuatro años, como establece la ley 10-04, y el Senado carece de argumentos para sustituirlos, pese a las denuncias de las supuestas anomalías.
Entrevistado en el programa Matinal 5, por el periodista Danny Alcántara, Castillo Salas dijo que los señores Raúl Reyes Vásquez y Mayra Cochón Trujillo, quienes renunciaron del organismo e hicieron las denuncias de irregularidades, «fueron engañados» con la promesa de que serían nombrados en la entidad una vez los demás jueces renunciaran por las presiones o fueran sustituídos por el Senado.
Explicó que los cambios radicales que existen entre la ley anterior y la actual han motivado el supuesto plan.
Castillo Salas señaló como una de esas diferencias que anteriormente la Cámara de Cuentas hacía las auditorias pero sólo estaba facultada a emitir los resultados de las mismas a la secretaría de Finanzas y eventualmente al Presidente de la República, cuando en las irregularidades detectadas estuviese involucrado un secretario de Estado.
«Con la nueva ley existe una serie de controles que permiten a la entidad vigilar incluso la forma en que se ejecutan los presupuestos y, eventualmente, por simple resolución, puede hasta incautar los bienes muebles e inmuebles adquiridos con dinero robado al Estado, para ser restituídos al fisco», explicó.
Puntualizó que la única debilidad de la actual ley es que las incautaciones de bienes deben ser ejecutadas por el Ministerio Público, que es nombrado por el Poder Ejecutivo.
