El presidente del Colegio de Abogados y de la Fundación Primero Justicia (FPJ) Miguel Surun incluyó ayer en su querella contra el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, al viceministro de Infraestructura vial Elías Santana, y al gerente de la Constructora Cogusa SRL, Rafael Guzmán Méndez, por supuesta complicidad en la presunta sobreevaluación de la ampliación de la Autopista San Isidro.

Solicitó a la Contraloría General y a la dirección de Compras y Contrataciones, ordenar la suspensión inmediata de los desembolsos de recursos para la obra, hasta tanto la Procuraduría Anticorrupción (Pepca) profundice las investigaciones sobre la alegada sobreevaluación en más de RD$600 millones.

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En su querella Surun y el comerciante Manuel García Medina acusan a los dos funcionarios y al contratistas de la obra, de alegada estafa, asociación de malhechores, prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder, usurpación de funciones y violación a la Ley de Compras y Contrataciones.

Afirmaron que ni la antigua Ley de Compras y Contrataciones número 105 del 1967, ni la actual, permiten la sesión de obras sin licitación como como dijo ha querido justificar el actual ministro de Obras Públicas, basado en una adenda a un contrato del 2001.

Denuncia politiquera

El ministro de OP calificó como “irresponsable, “aventurera y perniciosa” la denuncia en su contra. Dijo que Surun, quien es aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este (SDE) por el partido la Fuerza del Pueblo “desnaturaliza con engañosas afirmaciones y falsedades jurídicas y técnicas” el proyecto de mejoramiento OP en SDE, con fines puramente “politiqueros”.