Por ALTAGRACIA ORTIZ G.
La esperanza que tenían algunos sectores en materia de Seguridad Social era que el Gobierno del presidente Leonel Fernández “tomara el toro por los cuernos y aplicara la ley”, sostuvo ayer el sindicalista Rafael (Pepe) Abreu. Sin embargo, para el sindicalista Jacobo Ramos, uno de los problemas que enfrenta el sistema de Seguridad Social es que existen intereses encontrados en torno a un mismo tema.

El análisis de los sindicalistas fue realizado ayer al participar como invitados en el Almuerzo de los Medios de Comunicación del Grupo Corripio.

Abreu aseguró que existen intereses variados en torno a gente que debería tener una posición unificada, “pero los gobiernos terminan pareciéndose todo a la hora de aplicar la ley”.

Para Gabriel del Río Doñé y Eugenio Pérez Cepeda, el Estado está empeñado en que se implemente el Seguro Familiar de Salud (SFS), lo que se puso en evidencia con la presencia del presidente Leonel Fernández en una reunión de nueve horas que se produjo hace una semana.

Consideraron que a mediado de mayo podrán producirse propuestas concretas que resuelvan la crisis que se ha generado alrededor del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Del Río Doñé y Pérez Cepeda se mostraron esperanzados con la formación de cuatro comisiones que se formaron para hacer aportes en la elaboración del Plan Básico de Salud (PBS).

Las comisiones formadas a raíz de la reunión con el presidente Fernández fueron de honorarios profesionales, una que buscará salida a la situación del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), la otra tiene que ver con los reglamentos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). También la que discutirá la viabilidad financiera del sistema.

Para el sindicalista Pepe Abreu, la ley comenzó a implementarse con una violación, comenzó por pensiones, cuando debió iniciar por salud.

La situación de la Seguridad Social es tal que las reuniones de su Consejo se suspenden sin que se conozca la razón. A juicio del sindicalista Jacobo Ramos, algunos sectores aprovechan confusiones e intereses variados para imponerse.

Las posiciones variadas en el Consejo la representan el director del IDSS, el secretario de Trabajo y la Dirección del Seguro Nacional de Salud (SENASA).

Indicaron que las incoherencias son tales entre los funcionarios que los empleados públicos deberían estar en el IDSS, pero están siendo afiliados en el SENASA, lo que constituye una violación a la propia ley.

La doble afiliación, los problemas de gerencia, el costo del Plan Básico de Salud y las diferencias en torno al Seguro Familiar de Salud constituyen los principales puntos de divergencias entre los diferentes actores del sistema.

La ley 87-01 lleva cinco años de aprobada, pero los intereses de grupos que hacen vida a lo interno del propio Consejo de Seguridad Social han impedido su implementación.

También se argumenta que grupos poderosos relacionados con el negocio de la salud, se benefician del desorden y la falta de normas.