Mediante un decreto presidencial fue convocado ayer por el presidente Danilo Medina el Consejo Económico y Social (CES) para que, en conjunto las instancias del Gobierno competentes organicen el espacio para la discusión y concreción del “Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”.

De igual forma, el CES deberá convocar a organizaciones de la sociedad civil, personalidades y expertos, para que se sumen a las discusiones para firmar el Pacto Eléctrico en un plazo de seis meses a partir del acto de lanzamiento del proceso.

El presidente Medina hizo la convocatoria mediante el decreto 389-14, emitido ayer, mediante el cual designó a los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), Juan Temístocles Montás, y al ministro sin cartera Antonio Isa Conde, para que coordinen junto al presidente del CES, monseñor Agripino Núñez Collado, todo lo relativo a la aprobación de la metodología y la conducción del proceso, que deberá concluir en un plazo de seis meses, a partir del acto inaugural.

De igual forma, el decreto crea el Comité Gubernamental para la Reforma del Sector Eléctrico, conformado por los ministros mencionados, y el de Energía y Minas; el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE; el director de la Comisión Nacional de Energía y el Superintendente de Electricidad.

Se crea el Comité Técnico de Apoyo, para diseñar la metodología y los lineamientos de conducción del pacto, organizar la logística y dar respuesta a cualquier necesidad que surja.

Este Comité estará integrado por el ministro Isa Conde; la directora de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del Mepyd, Magdalena Lizardo; el consejero del Ministerio de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez, un representante de la CDEEE, uno de la Superintendencia de Electricidad y cinco miembros designados por la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social.

El artículo 2 del decreto precisa que el Pacto deberá ser el resultado de un proceso que incluya las fases de consulta, discusión, concreción y firma de compromisos asumidos por el Estado. Agrega que la metodología de conducción del proceso deberá establecer los plazos, las condiciones y los términos de cada una de las cuatro fases mencionadas en este artículo.

Objetivo. El proceso tiene la finalidad de llegar a un consenso nacional sobre un nuevo modelo de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, que permita a la ciudadanía tener un servicio de calidad a menores costos, más estables y que no represente una carga fiscal para el Gobierno.