Hoy 
POR VICENTE SOBREVELA
El presidente Leonel Fernández creó ayer, mediante decreto, la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción, organismo mixto y participativo, integrado por representantes del gobierno, la sociedad civil, el sector empresarial y el religioso.
El decreto 101-05 establece que la comisión será presidida por el secretario de Estado sin Cartera, José Joaquín Bidó Medina, e integrada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio y el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quienes conformaron el consejo rector de la entidad.
En tanto, la unidad técnica del mismo organismo tendrá a su cargo la formulación de propuestas y del plan de acción, dl cual estará integrado por Gustavo Montalvo, en representación del gobierno; quien fungirá como coordinador; Octavio Líster, representante de la Procuraduría General de la República; Daniel Omar Caamaño, delegado de la Contraloría General y Julio Aníbal Fernández, de la secretaría de Finanzas.
Asimismo, por el sacerdote Víctor Masalles, representante de la Iglesia; Celso Marranzini, por el Consejo Nacional de la Empresa Privada; Ramón Tejada Holguín, por la coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y del Foro Ciudadano y Cristóbal Cardoza, representante de la Iglesia Católica.
La comisión tendrá su sede en el Palacio Nacional y se encargará de asesorar al Poder Ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción y el fomento de la ética y la transparencia.
También, de elaborar un plan de acción articulado donde se consideren las propuestas de los distintos sectores de la sociedad, promover la revisión de la normativa relacionada directa o indirectamente con los temas de su competencia, someter al Presidente, propuestas de adecuación y ejecutar cualquier otra actividad relacionada con su ámbito de acción, que sea necesaria para el logro de los objetivos encomendados.
El decreto señala que en un plazo de 45 días, la comisión deberá presentar a la consideración del Poder Ejecutivo, el reglamento operativo que norme su funcionamiento, para su aprobación.
En uno de sus considerandos, el decreto revela el grado de criminalidad organizada que afecta la sociedad dominicana y que evidencia la gravedad de un problema que requiere la articulación de respuestas concretas, mediante la creación de un espacio participativo Estado, sociedad civil, que colabore en la elaboración, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos impulsados por el gobierno para combatir la corrupción.
Señala que el presidente Fernández tiene el interés de fomentar la participación democrática de la población en la construcción de una mejor calidad de vida y que propicie la participación de la sociedad civil en el control de los bienes del Estado.
