LA PAZ (AFP).- Una serie de huelgas se instalaba el lunes en diversos puntos de Bolivia agitada por la suba de precios de la gasolina y un creciente descontento popular, mientras el presidente Carlos Mesa amenazaba con dimitir tras denunciar un complot.

   Un paro general e indefinido, convocado por la Federación de Juntas Vecinales, paralizó por completo la ciudad indígena de El Alto, vecina de La Paz, en demanda de la expulsión de la concesionaria francesa »Aguas del Illimani».

   Sólo el aeropuerto de la urbe, foco de la insurrección popular que derrocó al presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada hace 15 meses, sostenía a duras penas sus operaciones, pues los viajeros llegaban a sus instalaciones a pie.

   La ciudad, cuyos accesos al resto del país y a Perú y Chile fueron cortados parcialmente pasado el mediodía, amaneció bajo fuerte control policial.

   Sus dirigentes advirtieron que «la única forma de salida» es la revocatoria de la concesión dada a la filial de la francesa Lyonnaise Des Eaux.

   El paro, pacífico, salvo algunas pedreas contra vehículos públicos que intentaron violarlo, cumplió sus primeras horas en medio de conatos de diálogo entre vecinos y Gobierno.

   En medio de llamados de la iglesia Católica para evitar la violencia, el Ejecutivo, que enfrenta una fuerte oposición a su decisión de elevar el precio de los carburantes, intentaba al menos semejante a la que precipitó en octubre de 2003 la caída de Sánchez de Lozada.

   «No habrá otro octubre, no constestaremos, pondremos la otra mejilla», aseguró el ministro de Asuntos Indígenas, Ricardo Calla.

   En el trasfordo de esta crisis »ad portas» se encuentra la ley de Hidrocarburos, aún en trámite en el Congreso, que discute enfervorizadamente su carácter nacionalista o privatista. Veinte compañías extranjeras controlan el petróleo en este país, poseedor de la segunda reserva gasera de Sudamérica.

   Mesa, que se dijo dispuesto a dimitir si las protestas degeneraran en episodios de violencia y se negó en rotundo a rever su decisión de elevar los combustibles, no pudo evitar que dos marchas multitudiarias, de rentistas y vendedores al menudeo, colapsaran el centro de La Paz, por lo demás ajeno a la protesta de El Alto.

   Mesa, cuyo más estrechos colaboradores invocaron el apoyo popular, incluso «llamando» a la radio y televisión, fue blanco de duras críticas por amenazar con renunciar.

   «El Presidente yo veo que no tiene capacidad para enfrentar la crisis económica», reaccionó el líder de los cocaleros Evo Morales, quien pidió a Mesa definirse si «está con el imperio (EEUU) o con el pueblo».

   Otras fuerzas políticas calificaron a Mesa de irresponsable y chantajista, mientras su encargado de Conflictos, Gregorio Lanza, acusaba a Sánchez de Lozada de orquestar una conspiración desde su «autoexilio» en Estados Unidos.

   «Es el gonismo, »Goni» Sánchez de Lozada, (Carlos) Sánchez Berzaín (ex ministro de Defensa) y su entorno» que ha puesto en marcha la sedición y se trata de «gente que está con mucho poder, plata todavía y moviéndose en diversos escenarios», declaró Lanza.