Presidente de JCE pide equidad para partidos

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, abogó ayer por una distribución más equitativa del financiamiento  otorgado por el Estado a los partidos políticos.

Propuso que en la modificación de la Ley Electoral se consigne un 60% para los partidos mayoritarios, y un 40% entre las restantes organizaciones políticas.

“El Congreso Nacional es soberano para determinar cómo designa y asigna esos fondos, pero tiene que hacerlo conforme a los criterios de justicia y de igualdad, sin crear privilegios irritantes a favor de ninguna institución política”, dijo Castaños Guzmán.

Refirió que como el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sacó menos del 5% de las votaciones el 16 de mayo, los partidos mayoritarios entre los cuales hay que repartir el 80% de los recursos como establece la Ley serían sólo el de la  Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Dominicano (PRD).

“Yo creo  que debería ser un 60% para  los mayoritarios y un 40% para los demás, distribuidos conforme a la variable de los  votos que sacaron, es decir, un 20% para todo el mundo, y el otro 20% en función de los votos acumulados como está establecido ahora en la ley”, declaró. 

El presidente de la JCE reconoció que un partido que saca un millón de votos no es igual a otro que obtiene 100,000, porque el primero acumula méritos que tienen que ser tomados en cuenta a la hora de asignar los recursos públicos.

Sin embargo, señaló que en definitiva, todos son partidos políticos y  están llamados a desarrollar una labor en el país.

“Por eso  yo creo que es más justo que el 80% privilegiado que tienen los que acumulan más de un 5% de los votos, se redistribuya”.

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PRSC hace gestión

La vicesíndica Alexandra Izquierdo, líder de uno de los grupos disidentes del Partido Reformista Social Cristiano, reveló ayer que esa organización política gestiona con el presidente Leonel Fernández la modificación de la Ley Electoral 275-97 en lo referente a la distribución del financiamiento que otorga el Estado a los partidos políticos.  Fueron los propios reformistas los que en el 2005 modificaron el artículo 50 de dicha  ley, para que rija como está.