ROSARIO ESPINAL
Leonel Fernández es el presidente que ha prestado mayor atención a la llamada diáspora dominicana. Comenzó a hacerlo en su primera gestión, continuó en los años de oposición, y después de asumir de nuevo la Presidencia ha nombrado consejos consultivos en distintas ciudades de Estados Unidos y Europa. Muestra del apoyo que concitó es el 74% de los votos emitidos en el exterior a su favor en las elecciones presidenciales de 2004.

Quizás su experiencia migratoria de juventud y el interés por las relaciones internacionales explican estos esfuerzos sin precedentes de un presidente dominicano de apelar a la integración de la diáspora, una población con frecuencia olvidada o discriminada por sus conciudadanos.

Es también peculiar que el interés presidencial se produce en momentos que muchos inmigrantes comienzan a distanciarse de la política dominicana. Unos por los desencantos acumulados con el devenir dominicano, y otros porque ven su futuro más ligado a la sociedad donde han emigrado.

En sus viajes al exterior, el Presidente llama elocuentemente a los dominicanos a integrarse a las labores de desarrollo nacional. El deseo existe entre muchos inmigrantes. El problema es que el Gobierno no tiene un sistema adecuado para canalizar los posibles aportes o atender las necesidades de los inmigrantes.

Se sabe que los dominicanos envían mucho dinero al país a través de las remesas familiares y la compra de bienes inmobiliarios. Menores son las “remesas sociales” que se transfieren de organización a organización y que cada día asumen más importancia en el impacto de las diásporas en el desarrollo de sus países de origen.

Parte de la explicación radica en que a pesar del éxito económico de algunos inmigrantes dominicanos, la mayoría se ubica en estratos de ingresos bajos en las sociedades donde han emigrado, lo que restringe su capacidad de enviar remesas más allá del ámbito familiar. Otra dificultad es la carencia de una política del Gobierno y de las organizaciones sociales dominicanas para vincularse con los grupos organizados de inmigrantes y forjar lazos de confianza mutua.

Ese tipo de relación institucional se ha logrado mejor en países como México y El Salvador, donde existe una conexión estrecha entre los inmigrantes y sus lugares de origen, a través de las asociaciones de pueblos.

En el caso dominicano, sin embargo, las asociaciones de pueblo han mermado considerablemente en número y relevancia.

Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de las organizaciones dominicanas se dedican al trabajo local y las principales son agencias sociales destinadas a trabajar con los propios inmigrantes. Sus directivos, aunque vinculados con la República Dominicana, saben que su labor institucional debe enfocarse en los problemas de los inmigrantes dominicanos porque para eso reciben financiamiento público y privado.

Ahora que se discute la reforma constitucional, el presidente Fernández ha planteado la posibilidad de que los dominicanos en el extranjero tengan derecho a elegir congresistas y regidores para aumentar su vínculo con el país.

El asunto merece reflexión, pero en mi opinión, la medida es innecesaria y hasta perjudicial. Elegir representantes de ultramar beneficiaría fundamentalmente a los activistas de partidos que han emigrado. Con un sistema electoral ampliado, ellos tendrían opciones de obtener cargos públicos más allá de los ya saturados consulados y embajadas, y mantener activas en el exterior sus organizaciones partidarias. Pero la diáspora dominicana no necesita activistas políticos de ultramar que la represente en el Congreso o los cabildos.

Necesita reglas aduaneras claras y justas para poder enviar bienes de consumo a sus parientes, facilidades para invertir en el país, seguridad ciudadana para enviar sus hijos y nietos de vacaciones o a estudiar, y mejores servicios públicos para materializar algún día el sueño de retirarse en la tierra natal.

Los dominicanos en el exterior necesitan una política estatal que valore sus aportes y facilite sus contribuciones e inserción, pero no activistas políticos que mediante el electoralismo se aseguren puestos en el Estado Dominicano para su propio bienestar.

Si el presidente Fernández desea hacer un aporte importante a los dominicanos en el exterior, debe abrir una oficina en Santo Domingo de poco pero bien calificado personal, que sirva de cordón institucional a la diáspora, deseosa de hacer contribuciones, pero muchas veces incapacitada porque no sabe a quién recurrir o cómo hacerlo en la telaraña administrativa del Gobierno, tal cual se evidencia en momentos de desastres naturales.

Elegir congresistas y regidores de ultramar no es manera adecuada de acercar la diáspora al país. Estos posibles representantes electorales no aportarían mucho a gestar la fluidez y eficiencia deseada, además, la logística de implementación es muy complicada por la dispersión geográfica de los inmigrantes. Por ejemplo, un congresista electo en Nueva York no puede representar los inmigrantes en Madrid o viceversa. Seamos democráticos e innovadores ante el fenómeno migratorio, pero también sensatos.