El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, cambió de opinión respecto a la necesidad de que el Congreso intervenga en el conflicto interno del organismo que preside, luego de que la Cámara de Diputados decidió conformar una comisión para que investigue el trasfondo del problema que mantiene divididos a los miembros de la institución.

“Es lamentable que los poderes del Estado tengan que distraerse de sus labores por las inconductas de algunos de los miembros de la JCE”, escribió Rosario en su cuenta de Twitter el pasado domingo 12, inmediatamente conoció las declaraciones del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, diciendo que pediría a su homologo en la Cámara Baja, tomar cartas en el asunto.

Ayer, en cambio, valoró que el Congreso se haya interesado en la situación interna del organismo y aseguró que no hay inconveniente para que las Cámaras Legislativas hurguen sobre los conflictos internos de la JCE.

“Yo creo que lo que hay es un acto de prudencia, que un poder del Estado, como es el Congreso de la República, muestre interés en conocer sobre dificultades reales que existen en la institución, en lo que tiene que ver con los aspectos que ellos han dicho que van a investigar”, dijo Rosario.  

Condiciona al Congreso. Con su afirmación de que “si hay algo que está claro, es que las cosas no pueden seguir como están”, Rosario parece no estar dispuesto a una conciliación con los miembros del Pleno que según él exhiben una “inconducta”, en obvia alusión a los magistrados José Ángel Aquino y Eddy Olivares, por lo que no es ocioso preguntarse: ¿Quiere el presidente de la JCE que el Congreso sustituya a estos dos miembros?

De hecho, parciales del presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, quien desde un principio objetó la elección de Olivares como miembro de la JCE, han puesto a correr el rumor de que este sería sustituido por Henry Mejía, su suplente y hombre de Vargas.

Se recuerda que Vargas se reunió recientemente con el presidente de la JCE, y sin que periodista alguno le preguntara, expresó su preocupación por las divergencias que se están dando en el organismo electoral, y fue el primero que propuso la intervención del Congreso para que “quite a quien hable mentiras”.

Siguen las retaliaciones. Además de quitarle a Aquino la dirección de la Comisión de Oficialías, el presidente de la JCE dispuso también la sustitución de una asistente y una secretaria  que tenia el miembro titular en dicha comisión.

En caso de que el Congreso logre “limar las asperezas” entre los miembros de la JCE, ¿Retornaría las funciones que le ha quitado a Aquino o se quedaría con el control de las mismas aumentado su poderío casi absoluto en el organismo responsable de las elecciones y el Registro Civil y Electoral?