MEXICO . AP. México modificó su ley penal para que el presidente pueda indultar por violaciones graves a los derechos humanos a una persona sentenciada y el primer beneficiario será un profesor indígena tzotzil que según organizaciones civiles ha estado 13 años en prisión de manera injusta, en un reflejo de las dificultades que enfrentan ciertos grupos en el sistema judicial.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que apenas entre en vigor la ley -lo que ocurrirá el jueves- otorgará el indulto al profesor Alberto Patishtán Gómez, detenido en junio de 2000 acusado de participar en una emboscada y el asesinato de siete policías en Chiapas, un estado del sur de México marcado en los años previos por el surgimiento del rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El profesor indígena, de 43 años, y su defensa han sostenido desde el principio su inocencia. Pero pese a recurrir a todas las instancias judiciales no pudieron revertir su sentencia de 60 años de prisión por los delitos de lesiones, homicidio calificado y portación de armas.

La Suprema Corte rechazó este año revisar el caso, como pidió su defensa, y lo turnó a un tribunal menor para resolver en definitiva. Ese tribunal consideró que las pruebas aportadas por sus abogados no invalidaban la sentencia.

Organizaciones como Amnistía Internacional han realizado una campaña a favor de Patishtán por considerar que su proceso estuvo plagado de irregularidades. Su caso llegó hasta el Congreso, donde varios legisladores vieron como la única posibilidad de beneficiar al profesor la modificación de la ley para que pudiera recibir un indulto presidencial.

Previamente aprobada por el Senado, la Cámara de Diputados avaló el martes modificaciones al Código Penal que señala que el presidente podrá conceder el indulto «de manera excepcional» y por cualquier delito del orden federal o común a un sentenciado «cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada».

Horas después de la aprobación de la reforma, el presidente Enrique Peña Nieto escribió en su cuenta de Twitter: «Este mismo jueves, la reforma entrará en vigor e indultaré a Alberto Patishtán Gómez».

Las modificaciones fueron publicadas el miércoles en el Diario Oficial y un día después entran en efecto.

El presidente ya podía otorgar un indulto cuando se trataba de delitos considerados políticos o cuando un sentenciado haya prestado algún servicio importante al país. Ahora se agregó que pueda hacerlo cuando haya violaciones graves a derechos humanos.

Leonel Rivero, abogado de Patishtán, dijo el miércoles a The Associated Press que habló con el profesor la noche del martes y le expresó ciertas reservas hasta no ver que en efecto se aplique el indulto, aunque aseguró que se encuentra tranquilo.

«Primero hay que esperar que efectivamente se dé el indulto», dijo. «Esa tranquilidad, esa reserva en las cosas, tiene que ver mucho con tanto desencanto que ha habido», añadió el abogado, que insistió en que el profesor «es inocente».

Dijo que si bien el Poder Judicial no aceptó la inocencia de Patishtán, el indulto presidencial será un tipo de reconocimiento tras la injusticia que se cometió contra el profesor al violar sus derechos en temas como presunción de inocencia y debido proceso.

Amnistía Internacional ha señalado que los jueces que revisaron el caso nunca tomaron en cuenta el contexto social de Patishtán, quien fue señalado como responsable de la muerte de los policías por un alcalde en Chiapas y su hijo.

La organización señaló el martes en un comunicado que un mes antes de los crímenes, el profesor tzotzil y otras personas de su comunidad habían exigido públicamente la remoción de ese mismo alcalde. Amnistía añadió que eso «podría haber motivado un señalamiento fabricado contra Alberto Patishtán».

Actualmente Patishtán se encuentra en el Instituto Nacional de Neurología de la ciudad de México, adonde fue trasladado hace un tiempo desde la prisión en que estaba para ser atendido de un tumor en el cerebro, dijo su abogado.

Héctor Patishtán, hijo del profesor, dijo en rueda de prensa estar feliz por saber que su padre está por salir, pero también triste por considerar que «el sistema judicial es ineficaz» al no reconocer la inocencia de su padre.

Dijo que el caso de su padre es una muestra de que las personas sin recursos económicos y de grupos indígenas son discriminadas en el sistema judicial.

«Libertad y justicia sólo la pueden tener los que tienen dinero. Los de otros colores», dijo el joven de 17 años y puso como ejemplo el caso de Florence Cassez, una francesa sentenciada por secuestro pero liberada por la Suprema Corte debido a las violaciones que se cometieron a sus derechos durante un proceso también plagado de irregularidades.