El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) denunció hoy el acoso judicial al que se encuentran sometidos periodistas independientes, al tiempo que demandó parar esa situación que lesiona el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en la República Dominicana.

Olivo De León aseguró que últimamente el sometimiento a la justicia se ha convertido en una de las formas preferidas por funcionarios, empresarios, políticos y delincuentes para amedrentar y presionar a periodistas y limitar la libertad de expresión y difusión del pensamiento.

De León citó como muestra de sus afirmaciones los sometimientos de 18 periodistas del Grupo Servicios Informativos Nacionales (SIN), de la emisora La Z-101, de Cadena de Noticias (CDN), del periódico El Nuevo Diario y otros medios de comunicación social.

Explicó que la preocupación sobre esta situación surgió como parte de las conclusiones y recomendaciones del Taller que sobre la Seguridad de los Periodistas que organizó el CDP con los auspicios de la UNESCO en Punta Cana, donde expertos internacionales, ejecutivos de medios, representantes del CDP de distintas provincias y directivos de los gremios periodísticos analizaron la situación de seguridad/inseguridad de los periodistas dominicanos.

Precisó que entre los sometidos a la justicia, incluso en más de una ocasión, por ejercer su profesión, figuran los periodistas y ejecutivos de la emisora de radio Z-101, entre ellos su propietario Bienvenido Rodríguez, su director Willy Rodríguez, los periodistas y comentaristas Juan Taveras Hernández, Álvaro Arvelo y Rosendo Tavarez.

Resaltó que la emisora y este personal fueron sometidos, primero por Celso Marranzini, empresario y entonces administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y después por Félix Bautista, senador de San Juan y secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana en el poder.

También citó a periodistas y ejecutivos del Grupo SIN, que entonces manejaba, en calidad de arrendamiento, a Antena Latina, canal 7, entre ellos su presidente Fernando Hasbúm, la directora del informativo y productora del programa de investigación “El Informe”, Alicia Ortega, y el periodista Marino Zapete.

Asimismo, Pedro Corporán, a la sazón presidente-administrador del Instituto Dominicano de Crédito Cooperativo (IDECOOP) y también presidente del Partido Unidad Nacional (PUN), además de Hasbúm y Ortega, también sometió a la justicia a Ángel Pérez, director general de Teleradio América, canal 45, donde se difunde el programa “El Jarabe de Zapete”, de Marino Zapete, y donde éste lo acusó de editar una revista con el dinero de los contribuyentes.

Otros periodistas sometidos a la justicia son Altagracia Salazar, Franklin Guerrero, Diana Lora y Juan Tomás Dottin Reyes, de Cadena de Noticias (CDN), por alegada violación de los artículos 1, 29, 34 y 35 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

Esta vez el sometimiento lo hizo el sacerdote católico Manuel Ruiz, quien dijo sentirse difamado por los periodistas, que a su vez aseguraron que sólo se hicieron eco de denuncias de una comunidad que se siente afectada por la forma en que el sacerdote administra como un negocio privado una escuela construida con fondos públicos, en un terreno público.

El mismo sacerdote Manuel Ruiz, quien además es secretario ejecutivo de la Pastoral Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo, también presentó un recurso de amparo contra Profamilia y el periodista Fausto Rosario Adames, presidente de esta institución, y a los demás ejecutivos, por diferencias en torno al tema del aborto, la sexualidad entre jóvenes y para que retire de los medios de comunicación una campaña publicitaria, por entender que incita a los niños a comenzar relaciones sexuales a temprana edad.