El presidente del consejo directivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), José Báez Guerrero, afirmó ayer que el costo de prescindir de los consejos de administración de las instituciones y empresas del sector eléctrico podría llegar a significar un valor o riesgo moral mucho mayor que los RD$125 millones anuales que destina el Gobierno a pagar las nóminas de esos consejos.

La afirmación de Guerrero fue hecha en una carta enviada al director de este diario, Bienvenido Alvarez Vega. A continuación el texto íntegro de la misiva.
“Estimado señor Director:

Tras un afectuoso saludo, permítame por favor referirme al principal reportaje de la primera página del lunes 18 de julio, con despliegue de página completa en la 12-A, titulado “Consejos sector eléctrico: un gasto de RD$125 MM al año”, por la distinguida y apreciada colega Marién Aristy Capitán, jefe de redacción diurna de ese gran diario HOY.

Le prevengo que como presidente de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) no acostumbro hacer declaraciones pues los asuntos ordinarios de la empresa y vocería están a cargo de su administrador el ingeniero Julián Santana Araujo. Sin embargo, los juicios o valoración de su jefe de redacción respecto de los consejos directivos de las empresas eléctricas estatales me parece que coinciden con el sentir o estimación de una generalidad de ciudadanos dominicanos sobre este asunto, lo cual amerita esta aclaración pertinente, la cual es mi opinión personal y no de la ETED, su consejo ni de la CDEEE.

La señora Aristy Capitán revela su sesgo al opinar ella misma sobre su trabajo en la edición digital de HOY: que “es una burocracia demasiado cara”. Está ausente otro contexto relevante que no sea su comparación de la compensación de los integrantes de los consejos directivos de empresas eléctricas estatales con los sueldos de los policías, maestros, médicos o ejecutivos periodísticos. Dicha comparación siempre será odiosa y lo fuera más aún si viera otras empresas, como las mixtas “reformadas” y las puramente privadas, sean energéticas, financieras, comerciales o de cualquier giro.

Si la base para sustentar esta opinión de la señora Aristy Capitán es dicha comparación, injusta dados los miserables salarios de policías, maestros y otros tipos de empleados, entonces no haría falta ocuparme con esta aclaración. Pero reacciono tanto como periodista con cuarenta años de ejercicio como integrante del consejo directivo de la ETED desde su fundación y desde hace seis años presidente del mismo. ¿No sería interesante o más justo comparar la compensación de los directivos o consejeros citados con sus pares del sector privado o colegas similares del exterior? ¿O el variable rango de “deseabilidad” como recurso humano de cada uno?

El negocio energético es la actividad económica individual que representa la mayor proporción del Producto Interno Bruto dominicano, que el Banco Mundial estimó en US$67.1 mil millones para el año 2015. Pese a todas sus dificultades, según el Banco Central durante varios trimestres el sector eléctrico evidenció un crecimiento mayor que el del PIB y que los demás sectores de la economía, impulsado por el incremento en el consumo de electricidad.

Los consejos directivos de las empresas cuestionadas por la señora Aristy Capitán fueron creados tras la disgregación del sector eléctrico resultante de la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad, por la Ley General de Reforma de la Empresa Pública No. 141-97 del 24 de junio de 1997, cuyo marco es la Ley General de Electricidad No. 125-01 del 26 de julio del 2001. En el caso de la ETED, el Poder Ejecutivo con el decreto No. 629-07 del 2 de noviembre del 2007, creó esta empresa con autonomía presupuestaria y personería jurídica propias, cuya responsabilidad es operar el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), o sea mantener y administrar las redes de alta tensión, subestaciones, equipos, maquinarias y sistemas de transmisión de electricidad transferidos desde la antigua CDE, así como los demás bienes que forman su patrimonio, ascendente en julio del 2014 a más de RD$34.5 mil millones.

Un detalle obviado en el reportaje de la señora Aristy Capitán, seguramente por desconocimiento y no mala fe, es que las empresas eléctricas estatales no operan todas de manera igual. Mientras algunas son deficitarias, por distintos motivos prolijamente dilucidados en la prensa, la ETED no depende del presupuesto del Gobierno; aparte de ser sostenible por sí misma frecuentemente debe destinar parte de sus ingresos por el peaje de transmisión al auxilio de otras dependencias de la CDEEE. Más aún, cada consejo directivo está obligado legalmente a cuidar el patrimonio individual de su empresa más que ocuparse de otros componentes del sector eléctrico. En los casos en que cada designado posee suficientes atributos para penetrarse del significado legal, ético y moral de su mandato, difícilmente pueda considerarse justa la apreciación de que se trata de “una burocracia demasiado cara”.

Para arribar a semejante conclusión, aparte de desdeñar la somera representación de la magnitud financiera del negocio eléctrico, habría que considerar las destrezas, competencias y experiencia de cada individuo. Mientras pudiera ser cierto que cualquiera siente vergüenza ajena al constatar la validez del principio de Peter, que postula que en cualquier organización (o partido político) cada individuo suele ascender hasta llegar a su nivel de incompetencia (“la nata sube hasta cortarse”), tampoco luce justo denostar a quienes competentemente, con sanidad ética y buena voluntad, sirven al Estado desde un consejo directivo de alguna empresa estatal. Así como algún activista político incapaz de leer un estado financiero o periodista incompetente pudiera resultar “premiado”, igualmente hay consejos con integrantes de excelentes credenciales.

Quizás la paradoja o bellaquería oculta en el reportaje en cuestión es que pudiera ser que a quienes más molesta o incordia un consejo directivo competente y cumplidor de sus obligaciones es a activistas políticos dentro del propio sector renuentes a aceptar el rol de supervisión y fiscalización que corresponde a cada consejo. Seguramente el costo de prescindir de los consejos podría llegar a significar un valor o riesgo moral mucho mayor que los RD$125 millones anuales que han escandalizado a su jefe de redacción, pese a que los datos “revelados” han estado siempre disponibles en los portales de cada empresa.

Me resulta desagradable aclararle a la señora Aristy Capitán que como presidente del consejo directivo de la ETED actualmente no tengo vehículo ni chofer asignado, ni tarjeta de crédito o gastos de representación, ni secretaria, asistentes o guardaespaldas, ni vigilantes o policías ni guardias “cargados”, ni despacho propio u oficina en ningún edificio de la ETED, pues pese a la costumbre en otras empresas estatales estimo que esas facilidades o privilegios no son necesarias para desempeñar cabalmente mis funciones ni las necesito. Y en cuanto a que si el salario “es mucho”, una tercera parte va al pago de la factura eléctrica de Edesur en mi residencia.

Con respecto de compartir la condición de periodista en ejercicio con la de presidente del consejo directivo de la ETED, difícilmente cualquier lector suficientemente inteligente creerá que a todos quienes respiramos el mismo aire dominicano se nos puede equiparar al medir cuánto azufre contienen nuestras exhalaciones. En mi auxilio invoco mi columna del pasado 15 de junio que debe bastarse a sí misma:
“Haré hoy una excepción a mi auto-impuesta censura sobre temas eléctricos, por mi vínculo de larga data con el sector, primero con el privado y en los últimos años el estatal. Resulta que vengo leyendo cómo se critica –con buen fundamento— la idea de financiar la terminación de las plantas de carbón de Punta Catalina con fondos de la seguridad social. Dichos fondos merecen invertirse sanamente en cualquier proyecto rentable y confiable que ofrezca garantías para sus propietarios, los empleados dominicanos que esperan su pensión. Y el problema financiero de Catalina no es propio, sino que sus clientes naturales, las empresas distribuidoras, no son buenos sujetos de crédito. Si a quienes les venderá su energía son malos pagadores, ningún inversionista o banco serio querrá asumir el riesgo de prestarle. ¿Por qué entonces arriesgar los fondos de pensiones? El asunto es remediar la operación y finanzas de las distribuidoras. El país cuenta con buenos ejemplos de eficiencia privada en la comercialización de electricidad. ¿Tenemos que amenazar las pensiones o reinventar la rueda?”.

La integridad y la honestidad personal afortunadamente no son como el silencio, que si se nombra deja de existir. Así como quien calla otorga cualquiera brinca antes de dejarse fuñir sin gritar…

Con mis gracias por su atención a esta carta, quedo como siempre suyo,
Afectuosamente,

José Báez Guerrero”.