DONALD GUERRERO MARTINEZ
El hecho de que el Presidente Leonel Fernández se haya manifestado una que otra vez, y otros dominicanos también, en favor de una nueva reforma constitucional, no significa que deba realizarse porque sí, presentándola como un clamor nacional que no existe. Tampoco hacerla en un momento inoportuno, como lo es, para ese propósito el que ahora discurre. Tres senadores, curiosamente de la oposición al gobierno, copatrocinadores de la necedad de julio del 2002 que volvió a darle al país el regalo envenenado de la reelección presidencial, han instado al Presidente Fernández a iniciar el proceso de enmiendas constitucionales el 27 de febrero próximo. Es la fecha constitucional para que el Poder Ejecutivo deposite en la Asamblea Nacional las memorias, conocidas como rendición de cuentas, del ejercicio gubernamental del año precedente.

Presidente, dígales que no.

Los senadores citados pretenden, entre otras ocurrencias, unificar las elecciones y extender el actual período constitucional y municipal hasta el 2006. Es el clásico movimiento para «enseñar las enaguas». Pero callan, por ejemplo, eliminar la figura de la reelección presidencial, el financiamiento con dinero de los contribuyentes a los partidos y «partidos» políticos, el absurdo porcentaje para ganar una diputación y el alocado desmembramiento del territorio nacional.

Aparte de inoportuno e inconveniente, el proyecto es peligroso. No en balde se han manifestado en su contra otros legisladores, dirigentes políticos y organizaciones de la sociedad civil. Nadie puede asegurar que un eventual proyecto de reforma constitucional será mantenido por los legisladores tal como se les presente. Ese es uno de los detalles peligrosos, a la luz de la mayoría congresional pepehachista. Es sabido que la administración felizmente desalojada del Poder, encomendó la elaboración de un proyecto de reforma constitucional a un grupo encabezado por monseñor Agripino Núñez Collado en su calidad de coordinador del Diálogo Nacional. Los comisionados cumplieron su labor y entregaron a aquel Poder Ejecutivo el documento de lugar. Lo despreció el mandatario de proyecto reeleccionista derrotado, y en cambio presentó uno hecho a la medida de su particular interés. La mayoría congresional la componen ahijados del Padrino.

Es absurdo confiar una reforma constitucional a los mismos representantes que se prestaron en el 2002, más que obedientes sumisos, para favorecer «la maldita reelección», que en este país, históricamente, «ha sido una desgracia». Piénsese en la mala imagen que tienen en la población casi todos los legisladores, y el Congreso Nacional en su conjunto. Eso no puede ser por capricho.

Debe decirse que es falso que las elecciones cada dos años perjudique la economía y el desarrollo nacional. Nadie lo ha demostrado nunca con estadísticas confiables. Tampoco lo hacen, no pueden hacerlo, los senadores abanderados de la instancia que comento. Parte del desarrollo se tiene en el ejercicio democrático frecuente.

Son amplios los sectores que entienden que la Constitución debe ser reformada. Pero la constitución necesaria no puede tenerse a la carrera. Un proyecto para modificarla deberá ser elaborado por juristas calificados. No pueden producirlo ni la totalidad de los miembros de la asamblea nacional, ni simples abogados, doctores en derecho o todólogos. Esos juristas se auxiliarán con expertos reconocidos en asuntos fronterizos, seguridad nacional y temas electorales, entre otros.

La Constitución actual debe dejarse quieta, por lo menos hasta el proceso de elecciones legislativas del 2006. El pueblo tiene sus esperanzas depositadas en que de ese proceso resulte una mayoría congresional distinta. Será la mejor ocasión para reformarla, ajustándola a la realidad nacional del momento.

Presidente, dígale que no a los deseos interesados manifestados.

«Dígale que no a esa pelota».