QUITO (AFP) – El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, enfrenta su mayor crisis en cinco meses de gobierno a causa de las protestas en la Amazonia que forzaron la suspensión de las exportaciones estatales de crudo -motor de la economía- y la intempestiva renuncia de su ministro de Defensa.

   Palacio se dirigió al país la noche del jueves para anunciar la caída a cero de la producción de Petroecuador a consecuencia del sabotaje a las plantas estatales por parte de los pobladores y autoridades de Sucumbíos y Orellana, que reclaman la renegociación de los contratos con las multinacionales.

   En medio de los coletazos de la crisis económica, que incluso disparó el precio del crudo en el mercado internacional, su ministro de Defensa, Solón Espinosa, renunció este viernes al cargo por supuestas discrepancias con el manejo de las medidas de emergencia que rigen en la Amazonia desde la noche del miércoles.

   «Sensible a la petición verbal que me hiciera esta mañana, presento a usted mi carta de renuncia», escribió Espinosa, lo que dio lugar a especulaciones periodísticas sobre su supuesta negativa a reprimir a los manifestantes.

   Palacio designó en su reemplazo al general (r) Oswaldo Jarrín, quien este mismo viernes asumió la cartera comprometiéndose con las medidas adoptadas por el gobierno para sortear la situación en Sucumbíos y Orellana.

   El mandatario enfrenta desde el pasado lunes una protesta que en su inicio fue contra las empresas extranjeras, pero que fue desviándose hacia el gobierno tras las tomas de pozos estatales, carreteras y aeropuertos.

   A raíz de ello, Palacio declaró el estado de emergencia que lo faculta a restringir derechos civiles y militarizar la región, única fuente de extracción de petróleo de Ecuador, quinto productor sudamericano de crudo con 500 mil barriles diarios.

   «Impedir la explotación petrolera es quebrar un proyecto de política económica que privilegia la inversión social», afirmó el mandatario, quien advirtió sobre la existencia de «intereses políticos» detrás de la protesta.

   «Tras ellos están los mismos intereses causantes de la ruptura democrática y del proceso de desinstitucionalización», agregó Palacio, aludiendo a su antecesor Lucio Gutiérrez, según interpretó la prensa.

   Palacio sustituyó a Gutiérrez en medio de las protestas populares sucedidas por su destitución por parte del Congreso el 20 de abril.

   El presidente justificó la declaratoria del estado de emergencia aduciendo que las pérdidas ocasionadas por la protesta «son peligrosas para la estabilidad de la economía nacional».

   Asimismo, condicionó el diálogo con los manifestantes al levantamiento de la huelga. Sin embargo, los líderes de la protesta han insistido en que sólo negociarán cuando una comisión del Ejecutivo se desplace hasta la zona.

   «Garantizamos la seguridad de las autoridades gubernamentales que nos visiten, pero el diálogo tiene que ser acá», dijo por teléfono a la AFP el líder del paro y prefecto de Sucumbíos, Guillermo Muñoz.

   Los huelguistas desafiaron las medidas de emergencia del gobierno ignorando el toque de queda impuesto la noche del miércoles y saliendo a las calles a exigir, entre otras, la caducidad de un contrato de explotación con la estadounidense Occidental Petroleum (Oxy).

   La terminación del convenio fue solicitada por la Procuraduría ecuatoriana aduciendo que la empresa cedió parte de sus derechos de explotación a la canadiense Encana, sin autorización del Estado.

   «No es justo que la Oxy pague 12 dólares por barril, cuando la cotización está por encima de los 60 dólares. Queremos que sea equitativo», indicó el prefecto de Sucumbíos.

   El influyente movimiento indígena ecuatoriano anunció este viernes su respaldo a la protesta en rechazo a la «represión» contra los manifestantes, según Gilberto Talahua, coordinador del Consejo Político de Pachakutik.