QUITO (AFP) – El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, decidió no firmar un convenio de inmunidad para los civiles y militares estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (CPI), chocando con Washington, que considera clave a Quito en la lucha antidrogas.

Palacio hizo el anuncio al referirse la noche del martes a la postura estadounidense de condicionar la ayuda militar antinarcóticos a que Ecuador suscriba el acuerdo, que congresistas y organizaciones privadas consideran lesivo para la soberanía y los derechos humanos.

La asistencia a Quito fue de unos 70 millones de dólares anuales en los últimos tres años y, según la Casa Blanca, el pacto es fundamental para mantenerla y buscar su incremento.

«Estados Unidos está en el derecho de hacer sus planteamientos legales y los vamos a respetar. Pero Ecuador tiene también el derecho a exhibir su fundamento legal y a ser respetado», advirtió Palacio en una entrevista televisiva.

Añadió que es «una cuestión de soberanía y juridicidad» y que no teme a la reacción de Washington, al tiempo que subrayó que «respetará» el Tratado de Roma que dio origen a la CPI y los demás acuerdos firmados por Ecuador.

«Absolutamente nadie me va a meter miedo. Ni el gobierno, ni Alfredo Palacio, ni el pueblo ecuatoriano deben temer», afirmó el gobernante, quien sucedió al depuesto presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005) el pasado 20 de abril, y a quien analistas atribuyen una tendencia de izquierda.

Palacio gobernará hasta enero 2007, cuando termina el período para el que fue elegido Gutiérrez, acusado por opositores de estar al servicio de la Casa Blanca.

La saliente embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Kristie Kenney, reiteró no obstante la necesidad de que Quito firme el pacto que exima a los estadounidenses de ser juzgados ante la CPI, tal como la han hecho 90 países, entre ellos siete latinoamericanos.

«No es un asunto de ceder. Hay que establecer las reglas de jurisdicción y espero que el gobierno esté de acuerdo para que la ayuda aumente», declaró Kenney el martes en una base norteamericana en el puerto de Manta, donde se coordina una ofensiva aérea contra el narcotráfico en el océano Pacífico.

Kenney aseguró a periodistas que delegados de las dos cancillerías negocian desde hace tres años la suscripción del denominado artículo 98, referente a la inmunidad ante la CPI, pero el canciller ecuatoriano, Antonio Parra, sostuvo que no existe un pedido formal de Washington al respecto.

Al recordar que la CPI juzga crímenes contra la humanidad, Parra manifestó que «son delitos difíciles de cometer salvo que esté prevista una invasión a Ecuador».

En ese sentido, recordó que los militares que operan en Manta tienen inmunidad diplomática, y anotó que Quito respetará el Tratado de Roma como lo ha hecho con el que autoriza el control de la base militar por parte de Estados Unidos hasta 2009.

La polémica se encendió el lunes tras una declaración en Quito del jefe del Comando Sur, general Bantz Craddock, quien afirmó que «no es un asunto de inmunidad sino de jurisdicción», y al destacar el papel «clave» de Ecuador en la guerra contra el narcotráfico, advirtió que la cooperación se verá afectada si no se materializa el pacto.

Congresistas como Marco Morillo (Izquierda Democrática) y dos organizaciones de derechos humanos rechazaron este miércoles lo que consideraron «presiones» de Estados Unidos, y pidieron al gobierno y al congreso no firmar el convenio.

Mientras tanto analistas como Vladimir Sierra, coordinador del programa de gobernabilidad de la Universidad Católica (privada), señalan que «en las condiciones actuales va a ser muy difícil que Ecuador se pliegue a la política norteamericana», por lo que es previsible que Washington negocie el tema con el próximo gobierno.