El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, mostró hoy su preocupación por la crisis político-social haitiana que ha agravado la incursión ilegal masiva de sus habitantes al territorio nacional por los puntos fronterizos informales no controlados efectivamente por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

En un encuentro efectuado por directivos en el salón de conferencias de esa institución, en la calle Isabel La Católica, en la Ciudad Colonial, el doctor Gómez Ramírez dijo que “la tímida política migratoria puesta en práctica ha permitido que en cada uno de nuestros municipios se manifieste una desbordada presencia de haitianos que logran ingresar de manera irregular y que permanecen en esa condición, sin que las autoridades asuman su responsabilidad de repatriarlos”.

Manifestó que “la zona fronteriza todavía no es objeto del control que exigen las actuales circunstancias, para preservar la seguridad en nuestro territorio, pese a la seria amenaza que se cierne, aún no han sido adoptadas medidas preventivas que puedan impedir el ingreso de haitianos bajo el alegato de la existencia de una hambruna y la procura de refugio”.

“Es menester sancionar de manera severa y ejemplar a toda autoridad dominicana que resulte cómplice con la entregada de estos ilegales, en esto no puede haber contemplaciones; resulta de extrema urgencia que se provea de un presupuesto adecuado al Cesfront y a los demás organismos responsables de velar por la seguridad nacional, y también se requiere blindar la frontera estableciendo efectivos valladares materiales y tecnológicos en los puntos fronterizos de mayor vulnerabilidad”, indicó Gómez.

El presidente del Instituto Duartiano agregó que “preocupa a esta entidad patriótica, la debilidad de la política exterior dominicana con relación a este problema, pues no se advierte ningún esfuerzo de prevención acorde con la realidad haitiana, en interés de que la comunidad internacional acuda en estos momentos a favor de Haití, ante su dramática situación de infortunio y desorden generalizado”.

Añadió que “entendemos que también resulta necesario adoptar providencias para preservar la dominicanidad en escuelas ubicadas en la frontera donde existe una población escolar que alcanza en algunos casos hasta más de un 70 por ciento, y hay resistencia para respetar los fundadores de la patria y los símbolos patrios, prohibiéndoles los padres a los niños que lleven a la casa imágenes de estos emblemas y los textos históricos dominicanos.

“Lo mismo habrá que hacer en nuestros centros hospitalarios públicos, hemos podido comprobar, no solo en lugares localizados en la frontera, sino también en sitios tan alejado de la franja fronteriza, como el Municipio de Jarabacoa, donde dominicanos no han podido recibir atenciones médicas oportunas por estar el centro médico público desbordado por pacientes ilegales haitianos”, externo Gómez Ramírez.

El presidente del Instituto Duartiano dijo que “los ingresos de haitianos a los hospitales dominicanos para internamiento y consultas médicas incrementó en los últimos días y esto impide que muchos de nuestros pacientes reciban asistencia, en lo concerniente a los nacimientos en el hospital público de Jimaní aproximadamente el 69.5 por ciento de los partos corresponden a haitianas; en el hospital “Elio Fiallo”, de Pedernales, el 45 por ciento de las parturientas son del vecino país.

Apuntó que “en un solo un semestre, en las maternidades La Altagracia y San Lorenzo de los Mina, nuestros médicos han practicado más de 2,500 partos de mujeres haitianas, las cuales ni siquiera pueden articular una palabra en español, por lo que hizo un llamado para que el Servicio Nacional de Salud acelere el protocolo y metodología que viene trabajando para establecer una tarifa para cobrar consultas y otros tipos de asistencia a los extranjeros que acuden a los hospitales; empero, esto no ha pasado del simple anuncio, pese a la carga económica que entraña, pues el costo de cada parto oscila entre los 9 mil y 61 mil pesos si se trata de parto natural o cesárea, respectivamente”.

En otro orden, el Instituto Duartiano entiende que no hay ningún argumento valedero para justificar que 10 años después de la Constitución de la República establecer en 2010 una reserva de ley en el artículo 10, relativo al régimen fronterizo, el Congreso Nacional, haya hecho caso omiso a la declaratoria de “supremo y permanente interés nacional la seguridad y el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano”.

Hay que resaltar que este mismo artículo 10 del texto supremo, manda al legislador a elaborar una ley que establezca un régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la Zona Fronteriza, creando exigencias y requisitos que privilegien a los dominicanos y dominicanas y el interés nacional; es decir, una ley que preserve la soberanía territorial, actualmente en peligro por las adquisiciones y transferencias no controladas.