Soila Paniagua 
La Junta Central Electoral (JCE) cumplió su papel, a pesar de todas las situaciones creadas para impedir el buen desarrollo de las elecciones, estas fueron limpias, legítimas y transparentes, afirmó anoche Roberto Rosario, presidente del organismo. Dio garantía de que los resultados son la expresión genuina de la voluntad de la ciudadanía que ejerció su derecho al voto el 15 de mayo pasado.
Al presentar un informe sobre los resultados de las pasadas elecciones generales por una red nacional de canales de televisión, Rosario reconoció que se presentaron fallas de diversas índoles y situaciones difíciles, pero afirmó que estas no afectaron los resultados finales.
Afirmó que la insistente posición y peticiones de los partidos alteraron el proceso y complicaron el conteo rápido y eficiente de los votos que dijo ejerció la ciudadanía ejemplarmente.
Al aludir a peticiones de que se anulen los recién pasados comicios, expresó “la historia recoge las hazañas de los emperadores romanos, que para distraer los reclamos de una élite, montaban circos con sacrificios humanos. “Que no se pretenda ahora, pedir un sacrificio inmerecido. Que no se desconozca la voluntad popular y se pretenda, con argumentos insostenibles, desarrollar otras agendas, que siempre estuvieron ocultas”.
Reiteró que partidos de la oposición orquestaron un plan para desacreditar el pasado proceso electoral.
Refirió que 731 colegios se instalaron en 108 ciudades del exterior y 15,339 se instalaron en todo el país y que 24 mil candidatos se disputaron 4,106 cargos.
Agregó que datos oficiales, demuestran que de las 15,339 unidades de transmisión R&E-2016, que debieron instalarse, 3,700 con capacidad de conectarse y transmitir informaciones, no lo hicieron, por situaciones de carácter técnico, incapacidad de algunos operadores, como de acciones de boicot, desarrolladas antes y durante las votaciones. Solo funcionaron en 76%.
Explicó que cerradas las votaciones, a las 7:00 de la noche los colegios se abocaron a contar las boletas y los miembros debieron realizar, en una noche, 8 conteos. “Como se ve, no se trataba de una tarea fácil”.
Sostuvo que esa enorme cantidad de operaciones, puestas a cargo del colegio, por los últimos requerimientos de los partidos, generaron muchas de las situaciones que se critica.
“Sin pretender justificar estas fallas, no puedo dejar de reconocer que en lugares muy específicos, funcionarios de colegios y personal de apoyo, en los días antes, y el propio día de la votación, se ausentaron de sus labores, abrumados por la larga jornada que implicó los cambios introducidos al procedimiento de escrutinio, en los colegios electorales”, manifestó.
“La oposición de los partidos políticos a la implementación de la resolución 64-2016, donde se recoge el procedimiento para el escrutinio y la transmisión de resultados, obligó al pleno a su modificación y posterior aprobación de un protocolo de contingencia, que permitió a los colegios electorales escrutar los resultados de forma electrónica y manual”, manifestó.
Dijo que al aceptar las sugerencias de los partidos, se estableció que en caso de diferencias entre el conteo electrónico y el manual, el resultado de este último prevalecería.
Añadió que de lo contrario, los miembros de colegios y los delegados procederían a firmar el acta generada por el sistema electrónico.
“A pesar del pleno acoger la implementación del conteo electrónico y manual, de los tres niveles de elección, los partidos solicitantes procedieron a demandar por ante el Tribunal Superior Electoral, la nulidad de esta medida; lo cual fue rechazado mediante sentencia del indicado tribunal, el 14 de mayo”, dijo.
Sobre las juntas electorales, dijo que la Dirección de Elecciones reportó que realizó conteo manual en 105 municipios, en los niveles A, B, C, y en el C1 y que en las juntas electorales, se realizó reconteo en 99 municipios, por requerimientos de los partidos políticos y que en casi la totalidad, los resultados de un tercer conteo, no produjeron diferencias.
Atribuyó muchas de las situaciones que se presentaron en el proceso a la falta de leyes que permitieran a la JCE establecer límites en el financiamiento privado, en el gasto electoral, la publicidad y propaganda política.
