El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, manifestó hoy que es la propia Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que establece una “multa” como sanción por el uso de recursos obtenidos de manera ilícita.

“La ley (electoral) no habla de estos aspectos de financiamiento ilícito (electoral), la que habla es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y lo que se establecería es una multa equivalente al doble de los recursos obtenidos de manera ilícita”, indicó.

Al participar en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Jáquez Liranzo, reiteró que al ser esta la “única ley” que habla en ese sentido se prevé como “sanción electoral”.

“La única ley, es la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que establece que la violación al financiamiento ilícito de personas físicas y morales será sancionado con una multa equivalente al doble de los recursos obtenidos de manera ilícita. Esa es la sanción electoral”, puntualizó.

En ese sentido, el Párrafo I del Artículo 59 de la Ley 33-18 establece que, “será ilícito que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reciban cualquier otro tipo de financiamiento directo o indirecto del Estado, o cualesquiera de sus departamentos, dependencias u organismos autónomos o descentralizados; de los ayuntamientos o entidades dependientes de éstos, o de empresas públicas y privadas, así como de empresas de capital extranjero”.

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De igual modo, el Artículo 78, sobre las sanciones, señala que, “en el caso de recibir financiamiento ilegal, los candidatos, partidos, agrupaciones y movimientos políticos y personas físicas o jurídicas responsables serán condenados al pago de una multa del doble de la contribución ilícitamente aceptada, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en otras leyes”.

Adelantando que “particularmente yo no sé nada de este caso”, las declaraciones de Román Jáquez Liranzo surgen en momentos en que la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) puso en marcha la operación denominada Calamar que dejó como resultado el arresto del excandidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo, por el supuesto uso de recursos ilícitos en el pasado proceso electoral.

“La Junta Central Electoral no tiene ningún tipo de conocimiento, no ha sido notificada, ni ha sido consultada”, aclaró el presidente del órgano electoral.

También quedaron detenidos los exministros de Hacienda, Donald Guerrero y administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Por igual, fueron arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.

La acusación del Ministerio Público estaría sustentada de manera preliminar en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.