Al presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Roberto Rosario, no le ha quedado otra opción que guardar la guillotina que algunos aliados del Senado le habían entregado junto a la promesa de poner a su disposición las cabezas de aquellos miembros que han osado disentir de su faraónica manera de dirigir la institución.
La comisión de la Cámara de Diputados y la designada por el comité político del PLD, luego de recibir las debidas explicaciones de los miembros de la JCE, han coincidido en no recomendar juicio político para los integrantes de esa institución, confirmando que las diferencias hasta ahora manifestadas son salvables si las posiciones arrogantes y soberbias de algunos de sus miembros, especialmente de su presidente, son echadas a un lado y en su lugar se asume el interés institucional.
Producto de la vía inadecuada tomada por el presidente de la JCE para reclamar un incremento en el presupuesto de esa institución, se originó un distanciamiento notable con el gobierno del presidente Medina. A este hecho se le añade el cierre irracional de las oficinas en el exterior, lo que fue percibido por las autoridades del gobierno central como una bravuconada del titular de ese organismo electoral.
Ante este nuevo escenario los miembros de la JCE deben resignarse a la convivencia orgánica, donde los roles estén claramente definidos y se descontinúe la práctica despótica con que se ha venido administrando esa institución y se entienda de una vez y por todas que se trata de un cuerpo colegiado donde todos importan.
La JCE tiene como reto por delante ganarse la confianza perdida de la población, por lo cual deberán abstenerse de introducir ruidos con nimiedades que no harán más que remover las heridas que ya deben empezar a cicatrizar.