El presidente de la Junta Electoral de Santiago, Jaime Tomás Frías Carela, rechazó las declaraciones del juez titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), José Manuel Hernández Peguero, quien atribuyó los problemas post electorales a la ineficiencia de las Juntas Municipales.
La reacción de Frías Carela está contenida en una carta que remitió al director del periódico Hoy, Bienvenido Álvarez Vega, cuyo texto íntegro se copia a continuación:
“Solicito su benevolencia para hacer algunas precisiones a la nota publicada en la edición del 17-6-16 bajo el título de «Incapacidad Juntas Electorales, obligó TSE revocar decisiones» declaraciones atribuidas al señor José Manuel Hernández Peguero.

Según él «la baja calidad profesional de los integrantes de las juntas electorales -está demás lo de municipales- quedó evidenciada en el pasado proceso y obligó al Tribunal Superior Electoral a revocar muchas de sus decisiones, porque no estaban motivadas o no cumplían con lo dispuesto por la ley».

Las juntas electorales son tribunales de primera instancia, por consiguiente, sus decisiones pueden ser apeladas, y para ello, primero existía la Cámara Contenciosa y posteriormente fue creado el Tribunal Superior Electoral, con la modificación de la Constitución de la República, en 2010.

El señor Hernández Peguero dijo que «esa situación se dio incluso con la Junta Electoral de Santiago, la segunda en importancia del país».

La ignorancia en materia electoral del señor Hernández Peguero es evidente, porque la importancia de una junta se establece por el número de electores, y por la cantidad de votantes en el municipio de Santiago esta junta ocupa el tercer lugar.

El señor Hernández Peguero -nótese que no digo juez-expresó que «el tribunal revocó una sentencia de la junta de Santiago, porque de 14 mil votos nulos y observados que debían verificar, todos los delegados se pusieron de acuerdo y decidieron analizar-lo correcto es revisar-solo 200 y hacer una proyección de los 14 mil votos que debían examinar.
Si el señor Hernández Peguero hubiese trabajado como juez en alguna junta electoral, supiera que la práctica hace ley y que es usual que los delegados, que son los actores de los procesos, hagan esa proyección.

El TSE acogió las instancias de varios candidatos los cuales aspiraban a que con la verificación de los votos nulos podrían beneficiarse y evacuó una sentencia-no una corrección-para disponer la verificación, que se cumplió a cabalidad y obligó a jueces, personal de la junta y delegados, a trabajar durante dos semanas.
El proceso concluyó sin ninguna novedad para los demandantes, porque los votos validados no cambiaron las votaciones de los niveles B y C.

Ciertamente las juntas electorales necesitan de personal más capacitado, pero quienes las integramos tenemos la satisfacción de ser escogidos por la sociedad civil y los delegados de los partidos en cada jurisdicción, no por compromisos con los partidos mayoritarios.
Nuestra labor es honorífica, contrario a los altos salarios y privilegios de los cuales gozan los miembros del Tribunal Superior Electoral, la mayoría de los cuales de seguro que nunca sirvieron a la democracia como parte de un Colegio Electoral.
Lamento tener que ocupar este espacio para responder las declaraciones del señor Hernández Peguero, que debiera ocupar su tiempo en acciones más provechosas que estar criticando a los verdaderos héroes de las elecciones, los «honorables jueces de las juntas electorales».