El presidente Danilo Medina se quejó, recientemente, de dos situaciones alarmantes. La primera, la facilidad con que salen de la cárcel los delincuentes atrapados por las autoridades policiales, y segundo, de los bajos salarios que paga el sector privado a sus empleados.

En relación al primer caso, el jefe de Estado puede pedir al Ministerio Público  que se esmere en la confección de los expedientes judiciales para evitar las tantas medidas garantistas y de libertad condicional con que se favorece a los delincuentes comunes y de saco y corbata.

Sobre el segundo planteamiento, el Presidente, antes de quejarse de los salarios del sector privado, debió presentar un plan de aumento salarial a los servidores públicos que supere el privado dando así un buen ejemplo de equidad y justicia social.

En principio, pudiera aprobarse  un salario mínimo de 12 mil pesos mensuales para el 77 por ciento de los empleados públicos que devengan menos de esa cifra a pesar de los astronómicos sueldos de los funcionarios, congresistas y demás privilegiados oficialistas.

A partir de ahí  debiera contemplarse un aumento escalonado para los servidores públicos que ganen hasta  50 mil pesos mensuales, tomando en cuenta el costo de la canasta familiar que ronda, según el Banco Central, los 30 mil pesos.

De aplicarse estos aumentos, tendrían que utilizarse los mecanismos que fuesen necesarios para evitar que la inflación, producto de la especulación,  se trague los aumentos que pudieran generar dinamismo en la economía y una mejor calidad de vida en los beneficiarios.

Así que presidente Medina, le tomamos la palabra, déjese de lamentos y ponga «manos a la obra».