POR LOYDA PEÑA
El presidente Leonel Fernández solicitó ayer al Congreso Nacional reconsiderar y rechazar el convenio para la construcción de la isla artificial, por considerar que el mismo no es lo suficientemente transparente. Asimismo, le solicitó examinar el Código Procesal Penal y someter a discusión de los actores que intervienen en el proceso penal una serie de modificaciones sometidas a dicha legislación.

Esas y otras peticiones del Presidente están contenidas en cinco comunicaciones que remitió ayer a los presidentes de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, y del Senado, Reinaldo Pared Pérez, adjuntas a las cuales devolvió igual número de leyes y resoluciones aprobadas por ambas cámaras al finalizar el cuatrienio legislativo.

Fernández motivó su rechazo a la isla artificial asegurando que el mismo no le interesa a su gobierno porque, además de no ser transparente, ha sido objeto de cuestionamiento.

Afirmó que cuando decidió remitir al Congreso el convenio con la compañía Santo Domingo Re-Development, LTD, para la construcción del proyecto turístico Novo Mundi-XXI, en septiembre del 2005, fue pretendiendo darle continuidad a un proyecto iniciado por la pasada administración » y por las expectativas de solución de problemas ambientales, creación de empleos y atractivos a las inversiones extranjeras que el mismo suponía».

Agregó, sin embargo, que tras observar que el mismo no era lo suficientemente transparente, decidió que se descontinuaran los trabajos legislativos en torno al mencionado caso.

«Mantengo el criterio de que a nuestro gobierno no le interesa dicho proyecto, por los cuestionamientos de que ha sido objeto, por cuya razón estoy devolviéndole sin promulgar la resolución aprobada en fecha 25 de julio de 2006, con el objeto de que sea reconsiderada y rechazado el convenio a que se refiere», dice el Presidente de la República en su comunicación al presidente de la Cámara Baja.

Puntualizó diciendo que para su petición hace provecho de las disposiciones contenidas en el artículo 41 de la Constitución de la República, «no sin dejar de llamar la atención sobre los términos del artículo 42 del mismo texto, sobre la suerte de los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo en vísperas de vencer la legislatura».

El convenio con la compañía Santo Domingo Re-Development LTD es para la construcción desarrollo, promoción, venta y alquiler, otorgamiento de concesiones, explotación y operación del proyecto turístico contiguo a la costa sur de la ciudad de Santo Domingo, Novo Mundi-XXI.

Con relación al Código Procesal Penal el jefe del Estado reenvió la pieza al presidente de la Cámara Baja sugiriéndole someter a  «cuidadoso examen» las modificaciones hechas a los artículos 226, 227 y 243, aprobadas por ese hemiciclo la noche del pasado 25 de julio.

Fernández señaló que si bien dichas modificaciones están orientadas a la protección social frente al fenómeno de la delincuencia, no es menos cierto que han generado opiniones atendibles en el sentido de su choque con preceptos constitucionales.

«Estimo que la discusión de las modificaciones que se proponen en el proyecto que acompaña el presente mensaje, debe contar con la participación de los diversos actores que intervienen en el proceso penal, así como con los datos, mediciones e informes que se hayan podido levantar para tales fines», subrayó Fernández en su comunicación a Valentín.

Los demás proyectos devueltos por el Presidente de la República están dirigidos al presidente del Senado, y son el que crea la provincia Ramón Matías Mella y los municipios Guaricanos, La Victoria y Sabana Perdida, en la provincia Santo Domingo, así como otro mediante el cual se conceden pensiones del Estado a particulares.

Con respecto a la objeción a las nuevas demarcaciones territoriales, el presidente Fernández le solicita a Pared Pérez que el mismo sea desestimado, por considerar que las mismas tienen un marcado interés político.

«Nos aprestamos a discutir una reforma constitucional en la que se reflejen los grandes consensos nacionales sobre aspectos esenciales para el funcionamiento de un Estado democrático, progresista y con sentido social. Debe ser en ese marco donde se adopten las líneas más generales de nuestro ordenamiento territorial, las que a su vez sirvan de sustento a las nuevas demarcaciones», dijo.

En cuanto a la devolución de las pensiones, que también vetó, a la Cámara de Diputados, Fernández dice que las mismas generan una «onerosa» carga para el Poder Ejecutivo, por lo que deben ser desestimadas.