Reforma. Abinader presentó en el CES su propuesta para modificar la Carta Magna

El presidente Luis Abinader presentó ayer ante el Consejo Económico y Social (CES) su propuesta de reforma a la Constitución, con la que aspira a reducir la incidencia partidaria en la justicia y el sistema electoral al establecer que los jueces de altas cortes y miembros de la Junta Central Electoral, al momento de ser designados, hayan permanecido durante cinco años al margen de las actividades partidarias y no hayan estado inscritos en ninguna de esas organizaciones políticas.

El mandatario recalcó que decidió presentar esta propuesta en la segunda jornada del diálogo con el liderazgo nacional para que “sea enriquecida con otras sugerencias de los representantes de las instituciones que intervienen en el ciclo de conversaciones”, entre ellos dirigentes de los 12 partidos con representación congresual, de la sociedad civil, de centrales sindicales y del empresariado.

“Estas reformas no serán una imposición nuestra, sino el resultado de un esfuerzo colectivo de la nación dominicana, en el que su liderazgo ha sabido poner a un lado las posturas que nos distancian para trabajar en aquellos temas que tanto se necesitan», manifestó el presidente.

La propuesta, que fue leída por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, contempla recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) mediante la exclusión del Procurador General de la República, un cargo que actualmente es designado por el presidente de la República.

Con esta reforma, además, se “perfeccionaría” el funcionamiento del CNM al establecer sesiones ordinarias cada tres años y extraordinariamente cuando sea necesario.

En cuanto a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, el jefe de Estado propone que estos jueces sean designados por períodos únicos de nueve años y que los plenos sean renovados gradualmente cada tres años. La ostentación de la Presidencia de estas altas cortes sería alternada cada tres años y a partir de los jueces designados anteriormente.

Cambios en el MP
La modificación constitucional que sugiere el mandatario incluye delimitar “mejor” las funciones del Ministerio Público al especializarlo en la investigación y persecución de los hechos punibles, por lo que funciones como la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad y la dirección del sistema penitenciario, quedarían a cargo de un ente del Poder Ejecutivo de conformidad con la ley.

Esta medida, según la propuesta, permitiría al MP concentrar sus recursos en la persecución de la criminalidad e impediría que hubiese una “distorsión” al otorgar atribuciones propias de la administración pública a un órgano dotado de plena independencia política del Poder Ejecutivo.

“Esta causa, la de un Ministerio Público verdaderamente independiente, que no dependa de la voluntad del presidente de turno, ha sido abrazada por la mayoría de la población dominicana», sostuvo el jefe del Poder Ejecutivo.

A partir de estos cambios, el actual procurador general de la República pasaría a denominarse fiscal general de la República. Asimismo, los procuradores generales adjuntos pasarían a ser fiscales generales adjuntos, mientras que los procuradores generales de corte de apelación serían fiscales regionales y los procuradores fiscales serían simplemente fiscales.

A su vez, la figura del actual procurador general administrativo se convertiría en el abogado general de la administración pública, titular de un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo de conformidad con la ley.
Este abogado general y sus abogados adjuntos representarían a la administración pública ante la jurisdicción contenciosa administrativa y ante cualquier otra que determine la ley.

También se establecería un régimen de ingreso, permanencia y fiscalización más riguroso para este titular, el cual será designado por el Poder Ejecutivo en la forma que establezca la ley y deberá ser dominicano, hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y ser licenciado o doctor en Derecho con por lo menos diez años de experiencia profesional.

Control de los recursos
Al igual que en las altas cortes y la JCE, el presidente propone que los miembros de la Cámara de Cuentas, durante los cinco años previos a su designación, no hayan estado inscritos en un partido político ni hayan realizado actividades de proselitismo político de manera notoria y constante.

A la Contraloría General de la República, de acuerdo a la propuesta, se le asignarían “atribuciones expresas” que actualmente no son contempladas, con el propósito de fortalecer su rol de control de los fondos públicos del Poder Ejecutivo.

No acuerdan una metodología