El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Luis Henry Molina, confirmó en todas sus partes la Resolución número 2502-2019 del pasado 29 de julio, mediante la cual rechazó los escritos de incidentes, excepciones y solicitudes de reconsideración de exclusiones probatorias incoados por todos los encartados en el caso Odebrecht.
El magistrado Molina rechaza así el recurso de oposición que contra la resolución de marras, interpusieron los imputados Andrés Bautista y Conrado Pittaluga.
Justificó su nueva decisión afirmando que esos recursos son contrarios a la ley, ya que lo decidido por el juez de la Instrucción Francisco Ortega en su Auto de apertura a juicio escapa a las facultades de la presidencia de la SCJ, “quedando solo el espacio del juicio de fondo para poder ser atacados”.
Errónea e inconsistentes. Así calificó el presidente de la SCJ la oposición que hizo Pittaluga a la Resolución 2502-2019 por alegada “desnaturalización de los hechos y las actuaciones procesales” y “violación de un precedente, jurisprudencialmente constante” de la SCJ.
Dijo que los incidentes planteados por este imputado “carecen de fundamentos capaces de justificar la modificación o revocación de la decisión recurrida”.
Negó que en la resolución atacada haya desconocido un antecedente de la SCJ, y afirmó que por el contrario, la misma ha sentando un precedente esclarecedor sobre su posicionamiento en relación a su competencia…”
Agregó que lejos de transgredir la jurisprudencia de la SCJ, él reconoce que los tribunales de la República tienen la responsabilidad de observar los aspectos vinculados a la Constitución, decidiendo todo lo que sea necesario para mantener el estatus de norma suprema de la misma…
Sostuvo que las apreciaciones de Pittaluga en ese sentido, “resultan manifiestamente errónea e inconsistentes y no pueden como tales ser admitidas válidamente como fundamento de sus pretensiones”.
Respuesta a Bautista. El magistrado Molina también rechazó que la resolución atacada hiciera una “errónea” interpretación de los artículos 59, 303 y 305 del Código Procesal Penal (CPP) sobre competencias, como afirmó el expresidente del Senado.
Explicó que el incidente planteado por este encartado no atacó la competencia territorial a la que se refiere el artículo 59 de la norma, y fue diferido para ser conocido por el Pleno de la SCJ en el juicio de fondo.
En cuando a sus pretensiones de elevar la competencia de la presidencia del tribunal de juicio a una instancia de reformación o revocación del auto de apertura a juicio, recordó que “por mandato expreso de la norma resulta inatacable por ninguna vía recursiva”, y que los artículos 303 y 305 del CPP a los que recurrió no le conceden esa facultad de manera expresa.
“Es decir, la etapa de preparación de los debates no está considerada como un espacio para atacar aspectos que busquen anular el dictado del envío a juicio o relativos al fondo del proceso”, señaló el presidente de la SCJ en su nueva Resolución número 2997, del 15 de este mes.
El juicio
Contra Angel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y el senador Tommy Galán, acusados por el procurador general Jean Rodríguez, de supuestamente ser los beneficiarios de los US$92 millones de sobornos pagados por Odebrecht en el el país, está fijado el juicio de fondo para el próximo 12 de septiembre.
Inicialmente eran 15 encartados y se excluyeron 8; se incorporó uno nuevo, se sacó, y quedan 6
Las audiencias
Se celebrarán tres días a la semana en horario de 3:00 de la tarde a 10:00 de la noche, según lo dispuesto por el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina.