Presidente SCJ defiende derecho de Consejo a destituir jueces

Presidente SCJ defiende derecho de Consejo a destituir jueces

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, defendió ayer el derecho de los miembros del Consejo del Poder Judicial para juzgar a los jueces  y disponer su cancelación en los casos que lo considere pertinente.

De igual manera, expresó  que los jueces que han manifestado su oposición a las recientes cancelaciones de colegas aprobadas por el Consejo, también ejercen su derecho a la defensa.

“Están ejerciendo un derecho, igual que el derecho que  ejerce el Consejo del Poder Judicial al juzgarlos y ellos, el derecho de defenderse”, expresó el presidente de la SCJ en unas escuetas declaraciones a la prensa.

Se recuerda que la semana pasada, el Consejo del Poder Judicial destituyó a los jueces de paz de Santiago Luisa Rosa García Polanco y Gabriel Marchena Adames, cuyos expedientes habían sido puestos en estado de fallo luego de un juicio disciplinario.

García Polanco fue destituida por  declarar inadmisibles siete solicitudes de medidas de coerción sin celebrar audiencias y Gabriel Marchena Adames fue separado de sus funciones porque dejó en libertad bajo fianza a un hombre que asesinó a su expareja en presencia de sus tres hijos menores de edad.

De inmediato, la Asociación de Jueces y Juezas  emitió un comunicado público mediante el que expresó su preocupación por las cancelaciones, afirmando que ambos jueces fueron juzgados por decisiones jurisdiccionales en  su ejercicio.

La entidad indicó que la destitución de García Polanco y Marchena Adames “se constituye en un atentado a la independencia judicial”, ya que en el caso de los jueces no se emplea un procedimiento pre-establecido, lo que “atenta contra el Estado de derecho”.

Germán Mejía ofreció declaraciones después de presidir la puesta en circulación del libro “Aproximación a los Derechos Fundamentales con Transversalización de Género y Edad”, de la jueza de la  SCJ Martha Olga García Santamaría.

El libro recoge los mecanismos legales para que los afectados en casos de violencia hagan prevalecer sus derechos.

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