Presidente SCJ dice sin política integral, no habrá seguridad

Presidente SCJ  dice sin política integral, no habrá seguridad

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, afirmó ayer que hasta tanto todos los poderes del Estado y las instituciones que intervienen en los asuntos de seguridad pública no aúnen esfuerzos y realicen tareas conjuntas y complementarias, en el país no se podrá lograr seguridad y respeto a los derechos de la personas. Rechazó que la justicia sea permisiva con la delincuencia, y señaló que cuando hay situaciones “que nos desbordan”, la tendencia generalizada es utilizar el sistema penal como política de seguridad ciudadana.

Dijo que la demanda ciudadana es que se endurezcan los sistemas procesales, lo cual dijo no es suficiente ante los renovados desafíos que representan el crimen organizado, las diversas formas de violencia callejera e intrafamiliar; delincuencia juvenil y urbana; tráfico y trata de personas y otras, que se materializan en la presencia de un alto número de armas de fuego.

“No basta con incrementar la presión punitiva, reducir las garantías procesales, bajar la edad de la imputabilidad aplicable a adultos y menores, ni aferrarse a respuesta que han demostrado ser ineficientes; si queremos reales políticas de prevención y atención de la violencia, estas deben ser integrales”, afirmó Germán.

El funcionario habló en un panel organizado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para escuchar recomendaciones de los distintos actores del sistema judicial, la Policía y del propio organismo antidrogas, que coadyuven a garantizar el debido proceso, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de los derechos humanos.

Agregó que “la historia reciente de nuestro hemisferio” evidencia que los métodos tradicionalmente usados no han sido, en parte, la solución a esos problemas; e indicó que aunque es posible mejorar entrenamiento, lograr mayor formación, mejorar los salarios y las condiciones laborales de los actores de la lucha contra el fenómeno, “si no tenemos un convencimiento y voluntad personal sobre la importancia de cumplir con nuestra obligación de garantizar seguridad, respetando derechos, no lograremos tener un Estado social y democrático de derecho”.

 

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