El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, y el procurador general, Francisco Domínguez Brito, abogaron ayer por la actualización de la Ley de Tránsito para reforzar las sanciones y establecer agravantes en los casos de imprudencias, negligencias y accidentes con consecuencias graves.
En rueda de prensa conjunta, los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público consideraron preocupante que República Dominicana figure en el mapa de América Latina y el Caribe como el país con mayor índice de muertes por accidentes de tránsito, al registrar 29.3 casos por cada 100,000 habitantes.
Atribuyeron la situación al irrespeto a las reglas de tránsito en calles, autopistas y carreteras del país.
Redoblar política de prevención. El presidente de la SCJ dijo que frente al vertiginoso crecimiento que registra el parque vehicular del país, el cual supera los tres millones de unidades, se requiere además de la actualización de la Ley 241 sobre Tránsito, redoblar las políticas de prevención para evitar que las calles, carreteras y autopistas se conviertan en anárquicas.
“Se impone una cultura de respeto a las normas y un sistema efectivo de prevención con miras a concientizar a los conductores para que tengan mayor capacidad de discernimiento a la hora de tomar el volante”, subrayó el magistrado Germán.
Afirmó estar convencido de que con una cultura de prevención y de endurecimiento de las sanciones, el Estado y la sociedad pueden disminuir la gran carga económica que acarrean los accidentes de tránsito en el país, que según las estadísticas ascienden a “miles de millones de pesos anuales” por daños a la propiedad, lesiones graves y permanentes a las personas, muertes e importantes gastos médicos, amén de las incapacidades que provocan para el trabajo, “y los grandes pesares que traen consigo.
Pedirán prisión preventiva. De su lado, Domínguez Brito instruyó a los miembros del Ministerio Público adscritos a los Tribunales Especiales de Tránsito o a los juzgados de paz en todo el país, a solicitar prisión preventiva contra los conductores que por irresponsabilidad provoquen accidentes en la vía pública.
Iguales medidas de coerción serán aplicadas a aquellos conductores cuyos vehículos no estén amparados por una póliza de seguros; no tengan licencia de conducir; cuando abandonen de manera injustificada a la víctima; por conducir de forma temeraria vehículos pesados o por estar realizando competencias al momento de un accidente.
“Nuestras instrucciones son claras y precisas, y tienen un único objetivo: salvar vidas evitando los accidentes de tránsito por las causas antes citadas; procurar que se maneje con responsabilidad y se actúe con estricto apego a lo establecido en la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor”, dijo el Procurador.
Informó que el MP ejecuta una serie de programas con el apoyo de diversas instituciones y empresas con la finalidad de contribuir a prevenir y disminuir el número de muertes y lesionados por accidentes de tránsito. En la actividad estuvo la titular de la unidad de Tránsito de la Procuraduría, Katiuska Viviano.