Presidente Senado da espaldarazo a Rosario en impasse ley

Presidente Senado da espaldarazo a Rosario en impasse ley

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, le  concedió ayer  la razón al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, quien afirmó que ninguna institución, salvo la Cámara de Cuentas, puede investigar el  desenvolvimiento  y desempeño financiero de ese organismo.

Dijo que la JCE, al igual que los poderes Legislativo y Judicial, son poderes independientes a los cuales la Constitución les otorga claramente autonomía económica, financiera y presupuestaria, y recordó que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) es una dependencia del Poder Ejecutivo.

“Una ley adjetiva u ordinaria no puede estar por encima de la Constitución, y con eso no digo que la Ley 340-06 ni el Reglamento de Compra  y Contrataciones del Estado no sirvan, pero no tienen competencia para fiscalizar”, sostuvo el senador Pared Pérez.

El presidente del Senado respondió así al ser abordado sobre el tema que ha enfrentado a la JCE con el Gobierno luego de que la Contraloría General de la República, primero, y luego la DGCP, intentaran pasarle revista a los procesos de compras realizadas por el organismo electoral durante el año 2012, a lo cual se ha opuesto Rosario.

“La Constitución establece autonomía financiera y presupuestaria, por eso yo digo que la Cámara de Cuentas sí sería la entidad competente para determinar si la  JCE está cumpliendo o no con la Ley de Contrataciones”, puntualizó el presidente del Senado.

El Gobierno puede. Pared Pérez, quien además es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),  dijo que el aumento del presupuesto que está pidiendo la Junta Central Electoral solo es posible si el Gobierno remite algún presupuesto complementario o una transferencia de fondos de un capítulo a otro.

Muy vago.  Sobre  la propuesta para que la Dirección Nacional de Control  de Drogas (DNCD) pase a  la Procuraduría, el presidente del Senado, dijo que el artículo de la Constitución al que se apela para exigir  ese traspaso es “muy vago, impreciso  y muy genérico”.

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