Imputación. Caso Inposdom-Mía Cargo Group.

El presidente Luis Abinader suspendió anoche a Adán Peguero de la dirección del Instituto Postal Dominicano (Inposdom). Emitió el decreto 722-21. En su lugar nombró de manera interina a Katiusca del Carmen Báez de Hilario.

La disposición recuerda que Peguero de León está bajo investigación por la supuesta comisión de actuaciones irregulares y que mientras perdure resulta oportuna la suspensión, tanto para el correcto desempeño del Inposdom como para la investigación.

Antes, la Dirección General de Contrataciones Públicas, la de Ética e Integridad Gubernamental, la Unidad Antifraude de la Contraloría General y recomendaron la destitución de Peguero y su consultor jurídico, Joaquín Félix Santana, por faltas graves en la contratación de la empresa Mía Cargo Group.

Asimismo, recomendaron que sea suspendido el acuerdo suscrito por la entidad estatal y la empresa, por ser contrario al ordenamiento legal e iniciada una investigación por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa para que profundice sobre el histórico de las mercancías transportadas a nivel nacional e internacional por Mía Cargo Group, desde su constitución, hasta los últimos días de contrato, dado los señalamientos y procesamientos penales de los que ha sido objeto su socio principal, Diego Vestillero.

Preciso ayer en tarde, Peguero acudió por segunda ocasión ante la Procuraduría. El informe con los hallazgos entregado a Abinader, ordena a la Contraloría auditar al Inposdom desde 2008 a la fecha. De acuerdo al documento, la firma del primer acuerdo es del 13 de noviembre de 2008, entre el entonces director Modesto Guzmán y la empresa Inversiones Tahití, S.A, que posterior devino en el acuerdo con Mía Cargo Group.

s Según la investigación, la alianza entre Mía Cargo Group e Inversiones Tahití pasó a tercerizar la especie del “acuerdo de exclusividad” suscrito con Inposdom en la gestión de Guzmán, lo que propició que a la llegada de la nueva gestión excluyeran a Inversiones Tahití, y firmaran con la anterior subcontratista, o tercero en la relación, y agregándole nuevos actores, como Jesús Solé, y violaciones al debido proceso, que permiten establecer que la contratación fue ilegal.