Neulyn González 
El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TCRD), doctor Milton Ray Guevara, afirmó que la pandemia de COVID-19 no solo ha representado un desafío para la salud pública o la economía, sino también a la propia garantía de la justicia constitucional por la suspensión del modelo de justicia presencial ante el riesgo de concurrir a un tribunal a presentar una demanda o presentarse a una audiencia pública ante un juez. El magistrado presidente del TCRD mencionó los principales desafíos de la pandemia al control jurisdiccional de constitucionalidad en la República Dominicana, citando, entre ellos, el cierre de los tribunales y la suspensión del cómputo de los plazos, ante la imposibilidad de salir de los hogares por la cuarentena obligatoria y el modelo de justicia presencial que está señalado constitucional o legalmente en la República Dominicana, al igual que muchos países latinoamericanos. Hoy/Fuente Externa 25/09/20
El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, sostuvo que la pandemia de covid-19 no solo ha sido un desafío para la salud pública o la economía, sino también para la propia garantía de la justicia constitucional por la suspensión del modelo de justicia presencial.
Durante la XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, titulada “La democracia y los derechos fundamentales en los estados de excepción”, el magistrado mencionó entre los principales desafíos que la pandemia ha supuesto para el control de constitucionalidad en el país el cierre de los tribunales y la suspensión del cómputo de los plazos, ante la imposibilidad de salir de los hogares por la cuarentena y el modelo de justicia presencial que está establecido en el ordenamiento jurídico.
El presidente de la alta corte dominicana expuso que las medidas preventivas adoptadas en el país ante la presencia del coronavirus han implicado colateralmente la suspensión de algunos derechos fundamentales que ni siquiera están contemplados en la Carta Magna como derechos a suprimir durante un estado de emergencia.
Indicó que esto ha ocurrido con los derechos a la educación, al trabajo y a la libertad de empresa, que no figuran entre los derechos que pueden ser suspendidos durante estos estados de excepción.
La gran oportunidad. Ray Guevara manifestó que “si bien estos desafíos ponen en una prueba de fuego a la justicia constitucional, resultan a su vez grandes retos que le colocan en el centro de la problemática y con la gran oportunidad de encontrar soluciones jurídicas que al amparo de las constituciones de los países de la región garanticen la salud colectiva, el desarrollo económico, la gobernabilidad y el clima democrático”.
“La nueva normalidad que se construirá en el futuro debe tener en cuenta además el impacto que sobre la niñez, la vejez, la mujer y la familia ha tenido la pandemia. Las constituciones deberán contemplar normas orientadoras para las políticas públicas en provecho de todos los sectores vulnerables, particularmente relacionados con metas, prioridades y asignaciones presupuestarias en el sector salud”, concluyó el magistrado.
