Loyda Peña 
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), profesor Román Jàquez Liranzo, propuso que la Junta Central Electoral no sólo sea integrada por abogados, sino también por otros profesionales del saber como administradores, ingenieros. 25-07-16. // Fuente Externa.
El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez Liranzo, dijo ayer que ante la proximidad de las primarias internas de los partidos políticos, urge que el Ministerio Público cree la Procuraduría Especializada en Materia Electoral, como lo dispone la ley.
Recordó que las primarias están pautadas para el mes de octubre, y es necesario que el personal de esa Procuraduría Especializada reciba la capacitación necesaria para ejercer con efectividad sus funciones de investigar, perseguir y acusar a los infractores de las disposiciones electorales en el ámbito penal.
“Tomando en cuenta los breves plazos del calendario electoral con primarias ya convocadas, se hace imprescindible, en lo inmediato, su conformación y su puesta en funcionamiento con la capacitación especializada en materia electoral, de su personal “, dijo el funcionario.
Resaltó que en la nueva Ley Orgánica de Régimen Electoral se han tipificado 63 infracciones, incluidas 23 consideradas crímenes, y 40 delitos electorales, que tienen en común la protección de la Democracia, que es un bien jurídico indispensable para el funcionamiento de un Estado.
El funcionario se refirió al tema durante un discurso que pronunció en ocasión de la Octogésima Investidura Ordinaria de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), orientado hacia los “Valores Democráticos versus Crímenes y Delitos Electorales”.
Lamenta reducción penas Consideró como una incoherencia el que en la nueva Ley de Régimen Electoral las sanciones por los crímenes y delitos en la materia hayan sido reducidas.
Refirió en la modificada Ley 275-95, el crimen electoral conllevaba penas que oscilaban entre los 3 y 10 años de prisión; mientras en la nueva legislación, las penas para los crímenes y delitos electorales van de 6 meses a 2 años de prisión, es decir, 8 años menos.
Esto, al margen de que “históricamente no existen antecedente de condena penal por violación a la norma electoral”, dijo Jaquez.
Otra incoherencia que entiende tiene la nueva Ley es lo previsto en el artículo 282.7, ya que resulta contradictoria con el postulado de la prohibición de la campaña el día de las elecciones en todo el territorio nacional”, puntualizó el presidente del TSE.
