Los presidentes del Senado, Eduardo Estrella y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reafirmaron su firme compromiso de apoyar la aprobación de la Ley de Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos.

Dicen que es para que República Dominicana cuente con un instrumento con las garras para castigar las malas prácticas y erradicar cualquier resquicio de impunidad.

Al participar en el conversatorio “Análisis del Proyecto de Ley de Extinción de Dominio”, organizado por el Congreso Nacional en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), Estrella llamó a los legisladores que conforman la comisión bicameral que estudia la pieza, ponerse de acuerdo para aprobar la iniciativa lo más pronto posible.

“Mi voto será a favor de esta pieza legislativa que tanto espera y demanda la sociedad dominicana”, aseguró.

De su lado, Pacheco pidió que exista madurez política y que se saquen los factores políticos que impiden concluir los trabajos de la comisión bicameral, que debe presentar el informe final del proyecto.

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“Sé que hay diferencias, pero en sentido general, nosotros estamos de acuerdo con la aprobación de la iniciativa y tenemos un firme compromiso con la aprobación de esta importantísima legislación”, sostuvo.

Dijo que tiene la esperanza de que algunos detalles del proyecto, como retroactividad y defraudación fiscal, puedan ser resueltos.

Varios abogados emitieron opiniones de la iniciativa que se estudia en el Congreso. El consultor internacional Marko Magdic lanzó la idea de aplicar la “retrospectividad indefinida”, que, a su juicio, “no viola la Constitución dominicana”.

Ley Extinción

El proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio, tiene el objetivo de establecer el marco legal para la regulación de la extinción de dominio de bienes ilícitos, definir las consecuencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación, reconocer los derechos y garantías de los intervinientes, sentar los principios fundamentales para el funcionamiento del sistema de administración de los bienes decomisados; así como el procedimiento requerido para su declaración judicial a favor del Estado dominicano.